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Opiniones de hoy

Derecho de asilo

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El derecho de asilo es el derecho humano que tienen las personas de ponerse a salvo o resguardo fuera de su país de origen (en el extranjero) en caso de persecución en su contra.

Asilarse equivale a refugiarse. El asilo político es la protección que se reconoce y otorga a las personas perseguidas por razones políticas (ideas, opiniones y afiliaciones); el asilo diplomático, según la Convención sobre Asilo Diplomático (1954), es el refugio concedido a perseguidos políticos en legaciones (sede de misión diplomática ordinaria, la residencia de los jefes de misión y los locales habilitados por ellos para habitación de los asilados cuando el número de estos exceda de la capacidad normal de los edificios), navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares; y el asilo humanitario es el refugio que se concede a personas que huyen de sus países de origen por razones sociales, económicas, culturales o medio ambientales.

Un refugiado, según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), es “una persona que, debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social o de opinión política en particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento y es incapaz, o, debido a tal miedo, no está dispuesto a servirse de la protección de aquel país; o de quien, por no tener nacionalidad y estar fuera del país de su antigua residencia habitual como resultado de tales eventos, es incapaz, debido a tal miedo, de estar dispuesto a volver a éste (…)”.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, al igual que la Convención sobre Asilo Diplomático, establece que ningún Estado podrá, por expulsión o devolución (“refoulement”), poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligren por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas. De ahí surge el concepto de “Tercer Estado Seguro”, o sea el envío al territorio de un Estado en donde no peligre su vida o su libertad.

Nuestra Constitución reconoce el derecho de asilo y estipula que no debe intentarse la extradición de guatemaltecos por delitos políticos; y, asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) establece que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos. Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) dispone que el derecho de asilo no podrá ser invocado contra una acción judicial efectiva y realmente que tenga su origen en la comisión de delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de la ONU.

Lamentablemente, en América Latina la intolerancia y la polarización política están redundando en nuevas formas de hostigamiento o persecución; y, por tanto, no sorprende que estén aumentando las peticiones de asilo político o diplomático, aunque, por supuesto, no todas son fundadas o justificadas.

Sin duda, la represión brutal sistemática en contra de opositores políticos y disidentes perpetrada por los regímenes despóticos instaurados en Nicaragua (Ortega), Cuba (Castro) y Venezuela (Maduro) justifica plenamente el ejercicio del derecho de asilo.

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