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Opiniones de hoy

Ministros de Estado

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Las secretarías de la presidencia no son ministerios.

La Constitución establece que para el despacho de los negocios del Organismo Ejecutivo habrá los ministerios que la ley establezca, con las atribuciones y competencias que la misma les señale. Esto supone que los ministros de Estado son los encargados del quehacer del gobierno (Organismo Ejecutivo) en un contexto de división del trabajo. 

Asimismo, nuestra Carta Magna dispone que el Presidente de la República, en su calidad de jefe de gobierno, actuará siempre con los ministros, en consejo o separadamente con uno o más de ellos, y que son funciones de estos refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el Presidente, relacionados con su despacho, para que tengan validez, así como participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros y suscribir los decretos y acuerdos que el mismo emita. Además, la Constitución establece que es función del Vicepresidente coordinar la labor de los ministros.

Por mandato constitucional, los ministros son responsables de sus actos, aún en los casos en que actúen por orden expresa del Presidente; y, asimismo, son solidariamente responsables de las consecuencias de las decisiones o resoluciones adoptadas en Consejo de Ministros, salvo que hagan constar su voto en contra o disidente.

En todo caso, debe tenerse presente que, conforme a la Constitución, ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Esto último es consistente con otro precepto constitucional que dispone que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.

Si bien las Secretarias de la Presidencia forman parte del Organismo Ejecutivo, la Ley del Organismo Ejecutivo (LOE) dispone que éstas son dependencias de apoyo a las funciones del Presidente. Las secretarías de la Presidencia no son ministerios; tanto es así que la LOE, en forma expresa y taxativa, determina que las secretarías de la Presidencia no pueden ejercer funciones de ejecución de programas, proyectos ni otras funciones a cargo de ministerios u otras instituciones de gobierno (centralizadas, desconcentradas, descentralizadas, autónomas o semiautónomas).

La LOE también dispone que los ministros deben concurrir con el Presidente a declarar o no la lesividad de los actos o contratos administrativos, para los efectos de la interposición del respectivo recurso de lo contencioso administrativo. La declaración de lesividad es una resolución administrativa por medio de la cual el Ejecutivo determina que un acto, decisión o contrato es dañino, nocivo o perjudicial a los intereses estatales, que, conforme la Ley de lo Contencioso Administrativo, da pie a que la Procuraduría General de la Nación solicite su anulación en la vía contencioso administrativa.

De suerte que los ministros deben imponerse de la legalidad o ilegalidad de los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el Presidente que les sean presentados para ser refrendados y no asumir que están apegados a la ley porque la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría General de la Presidencia o la Contraloría General de Cuentas emitieron dictamen favorable, toda vez que esto no los exime, libera o releva de la responsabilidad inherente a sus actuaciones.

En todo caso, como ya advertí, la única manera en que un ministro no asume responsabilidad alguna derivada de una decisión que adopte el gobierno, es, a través de asentar en el respectivo instrumento, su voto adverso.

 

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