He venido observando con suma preocupación que cuando detona una crisis o un conflicto en un país latinoamericano, inmediatamente los inconformes con el sistema jurídico-político responsabilizan a la Constitución de todos los males políticos, sociales, económicos y culturales, así como la señalan como la causante del subdesarrollo, la corrupción, la impunidad o la desigualdad.

Los enemigos de la Constitución y del orden constitucional arremeten, con vehemencia, contra su validez y vigencia, buscando a toda costa reformarla o sustituirla. No escatiman esfuerzos en incumplirla y derogarla, incluso recurriendo a las vías de hecho o de fuerza para el efecto.

En los momentos de oscuridad y caos no se repara en que las causas de la crisis o del conflicto puedan ser el resultado de la inobservancia, tergiversación o inaplicación de los preceptos y mandatos constitucionales o de fraudes constitucionales imputables a las autoridades o a los mismos jueces ordinarios o de lo constitucional. Por supuesto, cuando no hay quién defienda la Constitución, es fácil echarle la culpa de todos los males de la sociedad, así como de la intolerancia, la confrontación y las graves perturbaciones de la paz.

En mi opinión, la Constitución es inocente per se. La misma es un código de principios, valores y normas que está libre de culpa o de pecado, que impone su cumplimiento a los unos y a los otros, sin distinción alguna. Demanda que sus preceptos sean acatados, observados y estrictamente interpretados y aplicados mientras estén vigentes, aunque, por supuesto, garantiza que pueda ser reformada a través de los procedimientos en ella estipulados.

Por tanto, la Constitución no se presume inocente mientras no se declare su culpabilidad, sino que siempre es inocente; y, por ende, jamás puede haber mérito de culpabilidad contra ella. En consecuencia, la inocencia de la Constitución no debe estar en tela de juicio ni tampoco su validez y vigencia. 

La Constitución de Guatemala vigente fue confeccionada y decretada por la legítima representación popular en 1985. Asimismo, fue reformada en 1994, a través del procedimiento que dicta la Constitución. Consagra principios y valores humanistas, republicanos y democráticos fundamentales, así como diseña la arquitectura orgánica del Estado. Adopta muchos preceptos de anteriores instrumentos constitucionales, por lo que podría decirse que es el resultado del conocimiento y la experiencia acumulados. También responde a la realidad natural y cultural de nuestro país. Esto supone que no es el resultado de una ocurrente y coyuntural reingeniería social. En suma, es una Carta Magna bien construida y sustentada, perfectible, por supuesto.

En los momentos de desconcierto, desorientación y disconformidad, los ciudadanos deben abrirse al diálogo, a la negociación y a la resolución pacífica de las disputas. Sin embargo, la Constitución debe ser defendida a costa de cualquier sacrificio. En 1993, el gobernante de turno atentó contra la vigencia y validez de la Constitución, pero, gracias a la resistencia ciudadana, el orden constitucional fue restablecido.

Otro ejemplo elocuente de resistencia ciudadana y de patriotismo constitucional que nos debe inspirar y motivar para la defensa de nuestra Constitución, es la Revolución Constitucionalista de 1897, que estalló en los departamentos de occidente de Guatemala, a raíz de que el entonces gobernante José María Reina Barrios (1892-8) prolongó antojadizamente el período constitucional del Presidente de la República, por cuatro años más.