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Opiniones de hoy

La Ley de la Jungla

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Lo ocurrido hace un par de días en la aduana de Tecún Umán constituye un hecho muy grave que merece una detenida reflexión. Contrario a lo que alguna ideología extremista pudiera sostener, la eliminación de las aduanas o los impuestos, a manera de legalizar el contrabando y la evasión, lo sucedido en este paso fronterizo va más allá de una mera resistencia a tributar. Los jóvenes revoltosos que atacaron las oficinas de la SAT en este paso fronterizo con México no constituyen un “grupo de libertarios de a pie”, luchando en contra de la confiscación coercitiva del fruto de su trabajo. Aunque así lo parezca desde una perspectiva reduccionista, lo que en realidad revela este acontecimiento es la debilidad sistémica del Estado de Guatemala. Al punto de carecer de los medios físicos, humanos y morales por reducir al orden a un grupo de revoltosos que atentan contra una de las actividades en donde mejor debería manifestarse el monopolio del uso de fuerza por parte del Estado: cobrar impuestos. Contrario a lo que han sostenido varios analistas fiscales, este problema va más allá de fortalecer los dispositivos de seguridad de la SAT. Los daños contra el patrimonio del ente recaudador o la incapacidad de la SAT para combatir al contrabando resultan anecdóticos en el gran esquema de las cosas.

El terrible suceso acaecido revela la precaria situación del Estado de Derecho en Guatemala. Algo que tampoco debería espantar a nadie a estas alturas del juego, menos en esa región del país, en donde queda claro que el Estado es incapaz de hacer valer su ley. Hace unos meses atrás, a unos pocos kilómetros de ese puesto fronterizo, el Estado guatemalteco, fue incapaz de hacer valer su ley frente un grupo de pobladores que salió en defensa de un grupo de narcotraficantes que recién había aterrizado una avioneta cargada de estupefacientes en el lugar. ¿Qué puede esperarse de un Estado que es incapaz de usar el monopolio de la fuerza para hacer valer un determinado ordenamiento jurídico? Nada. Nadie debería sorprenderse si en un futuro cercano, este u otro grupo de revoltosos, decide saquear una alcaldía, quemar un centro judicial, linchar unos policías o destrozar el Palacio Nacional. O bien, actuar impunemente contra la vida y posesiones de personas particulares. Lo sucedido, más que un hecho aislado es una prueba más del acelerado y persistente deterioro del Estado de Derecho en el país.

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