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Opiniones de hoy

Justicia transicional, final

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Un juez, no actúa para ser vitoreada.

Nuestro país incluyó en su código penal (1973) el delito de genocidio: Artículo 376: “Comete genocidio quien, con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, efectuare cualquiera de los siguientes hechos: 1. Muerte de miembros del grupo; 2. Lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de los miembros del grupo; 3. Sometimiento del grupo o de miembros del mismo, a condiciones de existencia que pueda producir su destrucción física, total o parcial; 4. Desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo, a otro grupo; 5. Medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo… El responsable de genocidio será sancionado con prisión de 20 a 30 años”. Como se observa, en muchos casos no aplica a oficiales del Ejército, y si así fuera, tendría que atribuírsele también a la guerrilla.

Pero, es tal el esfuerzo por liberar a la guerrilla de las violaciones cometidas por la guerrilla, que estas son justificadas en el informe de la CEH: “Lucharon (la guerrilla) para terminar con lo que ellos llamaron las causas generadoras de la injusticia, concentración del poder económico y político, falta de democracia, y exclusión de las mayorías”. Disculpa alejada de lo expresado por Gustavo Porras, Las huellas de Guatemala (2009): “Los ajusticiados eran todos indígenas, a los que otros indígenas sindicaban, con razón o sin ella, de ser comisionados militares soplones del Ejército, enganchadores de los finqueros u otras cosas. Por la falta de armas y para no desperdiciar parque se instauró la costumbre de usar arma blanca. La atrocidad, la saña que implicaba ese tipo de muerte, sin duda alguna, fue un factor que terminó de exacerbar la conflictividad entre la misma población de la zona”.

El Ejército apoyó la paz para alcanzar la reconciliación, no comprendió que ancestralmente Guatemala nunca ha estado conciliada. A pesar de ello la reconciliación, es para la mayoría de oficiales parte fundamental de la convivencia democrática; no importando que, para ello, algunos de sus miembros tengan que pasar por los tribunales de Justicia, para aclarar las acusaciones fundamentadas de hechos; en espera que tanto los fiscales, como los jueces actúen con absoluta independencia y dicten sentencias acordes a la sana crítica razonada, sin presiones foráneas, mucho menos con la excusa de la presión popular. No es aceptable, que un juez pretenda ser vitoreada por las masas populares.

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