En interesante columna publicada el pasado jueves 17 de octubre, el colega Ramón Parellada califica como inaudito e injusto el Decreto 7-2019 que pomposamente se denomina “Ley de simplificación, actualización e incorporación tributaria”, y que se conocía como “Ley Ganadera” cuando las cortes y la SAT ejercían mayor coerción y había temor en torno al tema del Secreto Bancario.

La ley en mención busca reducir el pago del Impuesto al Valor Agregado, tanto para los criadores, como para los compradores, vendedores y engordadores de caballos, puercos, reses y caprinos y alejarse de un pago de Impuesto sobre la Renta, en virtud de que desde ahora se consideran “pequeños”, todos aquellos cuyas ventas no superen los Q3 millones anuales, y en caso de que se traspase ese monto, me imagino yo, que los magos corporativos, y los especialistas en impuestos, junto a sus abogados mercantiles, se las ingenian para seguir siendo “pequeños”, aun cuando tengan un patrimonio considerable, que seguramente estará en otra sociedad anónima o quizás en una empresa Offshore.

En tiempos pasados, a partir de abril del 2015, y expresamente con las modificaciones a la Ley Orgánica de la SAT, los finqueros, como suele llamárseles por aquí, algo de miedo tuvieron con las investigaciones sobre el secreto bancario, principalmente a partir de casos paradigmáticos como el sonado caso Walmart/Paiz, que puso en aprietos a esa gran corporación norteamericana y llevó a la cárcel a los eslabones últimos del entramado.

Muy bien lo dice el colega Parellada que tienen razón los de las cámaras de Comercio e Industria, quienes se han opuesto a tal concesión, por considerarla un privilegio fiscal que gozarán unos pocos a costa del resto de la población. Y es que no se encuentra justificación para que unos sectores tengan privilegios, y otros no, comentario este que se comparte completamente.

Resulta ser entonces, a partir de lo acontecido, que una discusión tributaria de peso es inevitable en este país, tendente a simplificar el sistema impositivo, buscando impuestos neutros y principalmente, como bien lo dice Parellada, evitando aquellos que encarecen la vida de los más pobres.

Y hablando de tal segmento último, sí que es paradójico que, después de impuestos, las grandes mayorías de la población, incluyendo a la clase media por supuesto, sean incluso más pobres que los privilegiados y poseedores de grandes patrimonios.

Y es así como las discusiones sobre el gasto tienen que llegar, como contracara a una discusión sobre impuestos. Y en esta línea de pensamiento una reformulación de los gastos municipales y distritales resulta indispensable.

Llora sangre ver el juego político de las discusiones actuales en el Congreso por sacar a luz una nueva autopista con peaje, de Escuintla a Puerto Quetzal, es que resulta ser que no se piensa en alimentar las arcas de la nación para hacerle frente al gasto social, sino que en la discusión esa de las regalías, llama la atención la posición de los diputados distritales que van a la captura de las mismas, buscando que engrosar las finanzas del muy mal planeado Listado Geográfico de Obras.

Resulta ser que en esta comarca muchos de nosotros estamos de más, aquí los que reciben los frutos del crecimiento, resultan ser los privilegiados que se fabrican leyes a la medida, aparentando ser “pequeños empresarios y productores”, y además los de la clase política distrital, que a través de alcaldías y COCODES, tienen capturada la obra pública sin mayor imbricación con un plan nacional de infraestructura.