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Opiniones de hoy

Dudas en torno a la evaluación de magistrados

opinion

Una evaluación sin garantías lesiona el sistema de evaluación.

La Corte de Constitucionalidad (CC), en resolución de fecha 16 de septiembre de 2019, recaída en los expedientes acumulados 4251-2019 y 4862-2019, que documentan los amparos promovidos con motivo del trabajo de las Comisiones de Postulación (CP) que deberán elaborar las nóminas de candidatos a magistrados, expresa: “(…) este Tribunal remarca que no es factible que una autoridad pública de tal relevancia –Consejo de la Carrera Judicial (CCJ)– omita el cumplimiento de sus obligaciones por la ausencia de una disposición reglamentaria; en todo caso, de conformidad con sus facultades establecidas en las literales d) y m) del Artículo 6 de la Ley de la Carrera Judicial (LCJ), deberá emitir las disposiciones que sean pertinentes para dar cumplimiento en forma inmediata a lo aquí ordenado y realizar las evaluaciones respectivas (…)”.

Los miembros del CCJ, cuya remoción ha sido solicitada por varias organizaciones de la sociedad civil, muy presionados, están tratando de dar cumplimiento, a rajatabla, a la feroz orden de la CC; y, al efecto, han emitido la DISPOSICIÓN ESPECÍFICA 1-2019 y p p j (Disposición pertinente, específica y temporal que regule el procedimiento de evaluación del desempeño y comportamiento profesional de jueces y magistrados que participen como aspirantes a magistrados), para dar cumplimiento al Artículo 76 de la LCJ.

Empero, debe tenerse presente que, aunque se diga lo contrario, dicha disposición no puede sustituir al Reglamento General de la LCJ, que, por mandato legal, debe ser emitido y reformado por la CSJ, para evaluar juzgadores, así como tampoco puede aplicarse retroactivamente, como se pretende, dado que, conforme los principios de transparencia, legalidad y objetividad, los juzgadores tienen derecho a conocer “previamente” la metodología e implementación. Esto supone que la evaluación debe orientarse hacia el futuro y no al pasado.

Por otro lado, el Artículo 14 de la indicada DISPOSICIÓN ESPECÍFICA 1-2019, p establece: “(…) Temporalidad de evaluación del desempeño después de la vigencia de la LCJ. Para dar cumplimiento inmediato a lo resuelto por la CC, en auto de fecha 16 de septiembre de 2019, que ordena realizar sin tardanza evaluaciones del desempeño de conformidad con lo preceptuado en los artículos 6 literal d), g) y m) y 32 de la LCJ, y cumplir con lo establecido en el Artículo 76 de la LCJ, a fin de remitir la nómina de aspirantes con los expedientes completos en copia certificada y digital y las evaluaciones del desempeño efectuadas, se emiten las disposiciones pertinentes que establecen las normas y procedimientos para la implementación del sistema de evaluación del desempeño de los jueces y magistrados, que manifiesten interés en ser incluidos en la nómina que el CCJ remitirá a las CP, y serán evaluados respecto del periodo anual 2019”.

Como podrá advertirse, el CCJ evaluará el desempeño de los juzgadores de uno de los años años del periodo de funciones (el 2019), que, por cierto, venció el pasado 12 de octubre de 2019, lo cual es ilegal, porque no será una evaluación del periodo completo. Además, esto contraviene los principios de la carrera judicial, porque no se tomarán en cuenta las faltas disciplinarias y éticas, la capacitación, la calidad de las sentencias, la gestión del despacho, etcétera, de cuatro de los cinco años del periodo de funciones del evaluado. O sea que el CCJ solo evaluará el 20 por ciento del desempeño de los juzgadores, lo que no puede asumirse como una calificación integral del rendimiento de los evaluados, que permita determinar si merecen o no obtener un resultado satisfactorio. Además, la evaluación no estará a cargo de la Unidad de Evaluación de Desempeño Profesional, legal y técnicamente conformada, no se llevará a cabo conforme los estándares internacionales que garanticen transparencia, objetividad y legalidad, ni se seguirá una metodología depurada previamente establecida en el Reglamento General de la LCJ. Por tanto, la evaluación será improvisada y solo buscará superar la coyuntura política.

En todo caso, una evaluación sin garantías y al ”trancazo” puede desacreditar el sistema de evaluación de desempeño de juzgadores y, salvo que todos los evaluados resulten con excelentes calificaciones, lo que sería una burla, se abrirá la puerta a las recusaciones, impugnaciones y denuncias de violación de derechos fundamentales de los evaluados, dando pie a un laberinto perfecto.

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