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Opiniones de hoy

Disciplina fiscal y equilibrio presupuestario

opinion

El estado no ceja de endeudarse.

 

El principio del equilibrio presupuestario dicta que el presupuesto del Estado no debe tener déficit ni superávit (exceso de los ingresos sobre los gastos). Aunque no rechaza el déficit fiscal en forma absoluta, lo considera como un mal tolerable únicamente en situaciones excepcionales (catástrofes, desastres, guerras), en que hay que recurrir, de manera limitada, al crédito público o privado.

En Guatemala, en 1994, como respuesta a la espiral inflacionaria y devaluación galopante que vivimos a finales de los 80, gracias a un descomunal déficit fiscal que fue financiado con emisión inorgánica, se incorporó en la Constitución una norma que prohíbe que el Banguat financie al gobierno, exceptuándose cuando se presenten casos de catástrofes o desastres públicos, siempre que el Congreso lo apruebe con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes de los diputados.

Cabe advertir que aunque se intentó no se logró que se incorporara en la Constitución una normativa que prohibiera o limitara el déficit fiscal, es decir, el exceso de gasto público sobre lo efectivamente ingresado en las arcas nacionales.

Por tanto, el gobierno, lejos de equilibrar las finanzas públicas, sigue operando con déficit fiscal, que se financia con préstamos en el extranjero y en el mercado nacional, extremo que se confirma en el proyecto presupuestario para el ejercicio 2020. O sea que gastar más de los ingresos fiscales (recaudación tributaria y rentas nacionales), que es la causa del déficit fiscal, sigue siendo una práctica perversa de nuestros gobernantes irresponsables; y, por consiguiente, el Estado no ceja de endeudarse (la deuda pública ya se acerca al 30 por ciento del PIB). Por supuesto, lo anterior sin contar la deuda estatal al régimen de seguridad social y las pérdidas operativas del Banguat derivadas de la implementación de la política monetaria y cambiaria.

Adicionalmente, no es un secreto que la participación del gobierno en el mercado financiero local genera graves distorsiones ni que la cada vez mayor incidencia del pago de la deuda pública en el presupuesto estatal compromete más y más la capacidad de pago del Estado.

Entonces, lo procedente sería incorporar en la Constitución y en la Ley Orgánica del Presupuesto que las finanzas públicas deben estar regidas por el principio de equilibrio presupuestario, que se basa en que la suma de los ingresos estatales debe ser igual a la suma de los gastos, y que todo endeudamiento público debe estar condicionado a la real y efectiva capacidad de pago del Estado.

El texto de la respectiva norma constitucional podría quedar así: El presupuesto del Estado deberá ser equilibrado, aunque se permitirá un déficit estructural que deberá justificarse técnicamente atendiendo a la capacidad de pago del Estado y que no podrá exceder del 0.5 por ciento del PIB, salvo en caso de catástrofes o desastres públicos en que podrá recurrirse al crédito público o privado hasta un máximo del 3 por ciento del PIB, siempre que el Congreso lo apruebe con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes de los diputados.

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