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Opiniones de hoy

No debe de haber intromisión de poderes

opinion

El Congreso pretende cuestionar las actuaciones judiciales de CICIG en un escenario en donde no le compete.

 

La alianza a favor de la impunidad le está apostando a “todo o nada”. Ahora recién diseñó y creó una comisión del Congreso de la República para que investigue las actuaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y sus integrantes, nacionales o extranjeros. Se trata de una instancia con aberración jurídica y destinada a buscar recovecos para procurar que aquellos que están sujetos a procesos judiciales bajo las actuaciones de la CICIG sean absueltos por “errores judiciales o procesales”.

Esta comisión anti-CICIG tiene en el presidente Jimmy Morales un aliado natural y político quien en su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expuesto justo el marco de acción de las actuaciones de los parlamentarios que la integran. Morales habló de violación a la Constitución, de abuso de poder, de abuso de la prisión preventiva, de la violación de presunción de inocencia y de la politización de la justicia.

Lo que Morales y los diputados aliados al pacto de corruptos no explican a la población es que fue el mismo Estado de Guatemala quien pidió a Naciones Unidas el apoyo para combatir los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) existentes en la historia de nuestro país. Fue el mismo Congreso de la República quien le dio vida a la CICIG a través de un Decreto Legislativo que ratifica el convenio firmado entre Guatemala y la Secretaría General de la ONU.

Este convenio facultaba a la CICIG a estar presente en el marco jurídico y judicial guatemalteco bajo la figura de querellante adhesivo y otorgaba al personal extranjero la inmunidad tal como sucede en delegaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país.

Lo que Morales y su pacto de corruptos tampoco explican es que no ha sido responsabilidad de la CICIG y de los fiscales guatemaltecos la utilización de la prisión preventiva sino más bien, es un hecho que el sistema de justicia mantiene a casi la mitad de los privados de libertad bajo esa dinámica justo porque existe una presa y mora judicial.

De que CICIG cometió errores, seguro, pero sus actuaciones se deben de cuestionar y debatir dentro del marco del sistema procesal penal y no en un escenario político como lo pretende el Congreso y su comisión que fue respaldada por al menos 82 diputados.

Es un hecho de que el Congreso está facultado constitucionalmente para crear cuanta comisión considere y estime necesaria, pero en el marco de la gestión pública y cuando los recursos del Estado estén en situación de riesgo. Un organismo del Estado, como lo es el Legislativo, no puede cuestionar las actuaciones naturales y legales de otro organismo del Estado, como lo es el Judicial. Eso sería intromisión de poderes.

Si hubo dolo, negligencia, malas prácticas judiciales, doble persecución penal, violación de la presunción de inocencia, abuso de la prisión preventiva, violación al debido proceso, entre otras acusaciones que le cuestionan a la CICIG, deberán de endilgarse en el sistema de justicia y no en el Congreso de la República.

Por ello, ha sido oportuno que el Ministerio Público haya presentado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de esta comisión del Congreso porque considera que viola los principios de independencia judicial, seguridad y certeza jurídica.

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