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Opiniones de hoy

Legitimidad de los diputados

opinion

La legitimidad de origen de los nuevos diputados está en entredicho.

 

Un funcionario, dignatario o autoridad pública se reconoce como legítima cuando su mandato es de origen lícito, es decir que fue otorgado conforme lo que ordena la Constitución y la ley, o cuando su actuación, en el desempeño del cargo o función, se ajusta al régimen de legalidad.

De ahí que la legitimidad de origen de los diputados al Congreso deviene del voto popular ejercido en elecciones libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Esto supone un respeto absoluto a la real y efectiva voluntad popular expresada en las urnas electorales, mediante la cual el pueblo delega el ejercicio de la soberanía en el Organismo Legislativo.

La legitimidad de ejercicio, por consiguiente, resulta de que el congresista ajuste su actuación a lo que establece el ordenamiento jurídico, así como satisfaga las necesidades y expectativas ciudadanas generadas durante el proceso electoral, que, obviamente, se derivan de sus promesas de campaña.

Si la elección legislativa fue viciada o corrompida, la legitimidad de origen se desvirtúa. Por tanto, la elección debe ser prístina e incuestionable, para que el mandato sea reconocido y aceptado por la ciudadanía. De lo contrario, el mandato es repudiado de entrada, lo que, indudablemente, dificulta su ejercicio.

A lo largo de la historia de nuestro país, se han perpetrado fraudes electorales, a través de los cuales se ha burlado la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas electorales, lo que ha redundado en que en vez de construir legitimidad de origen, se ha desnaturalizado. Recordamos, por ejemplo, los fraudes electorales ocurridos en los años 1974 y 1978, que desembocaron en la adjudicación de diputaciones sin respaldo popular, lo que deslegitimó irremediablemente las respectivas gestiones legislativas.

Asimismo, ha habido cuerpos legislativos que si bien han tenido legitimidad de origen, perdieron la legitimidad de ejercicio, es decir que sus actuaciones se apartaron de la legalidad y defraudaron la confianza ciudadana. En ese sentido, fue elocuente el caso de los diputados elegidos para el período legislativo 1991-6, cuyo desempeño se envileció a tal grado que la ciudadanía, a través de la reforma constitucional ratificada en la consulta popular celebrada el 31 de enero de 1994, dio por terminados el período y funciones de dichos congresistas, y habilitó una convocatoria extraordinaria a elecciones legislativas. Esta “depuración” del Congreso fue una suerte de referendo revocatorio, aunque esta institución aún no ha sido incorporada en la Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos, incorporación que, por cierto, es reclamada por la población.

Por otro lado, el escrutinio de los sufragios emitidos durante las elecciones legislativas celebradas el domingo 16 de junio de este año, arrojó graves inconsistencias, irregularidades y anomalías, por lo que varios individuos y grupos demandaron la nulidad de los comicios y su repetición. No obstante, la autoridad electoral, que, en mi opinión, perdió su legitimidad de ejercicio, oficializó los resultados electorales y adjudicó las respectivas diputaciones, a pesar de los múltiples reclamos, denuncias e impugnaciones, algunas de las cuales se encuentran sujetas a investigación o pendientes de aclaración o resolución.

Consecuentemente, la legitimidad de origen de los diputados que asumirán el 14 de enero de 2020 está, por lo menos, en entredicho, al igual que la legitimidad de ejercicio de los actuales congresistas, debido a actuaciones cuestionables que han socavado su mandato y la confianza depositada en ellos.

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