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Opiniones de hoy

La nube negra de la violencia política

opinion

Riesgos y amenazas en todos los municipios.

 

El creciente control de las redes criminales sobre el territorio nacional y su incidencia en el proceso electoral (financiamiento ilícito y promoción de candidatos propios), aunado al desmantelamiento de los cuerpos policiales que fueron exitosos en la disminución de la tasa de homicidios y persecución del crimen durante más de una década, han abierto de par en par las puertas al retorno de la violencia política que creímos superada tras la firma de los Acuerdos de Paz.

El gobierno de Jimmy Morales y de sus principales operadores, como el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, son los responsables directos de que la amenaza del crimen organizado haya adquirido dimensiones sin precedentes en las últimas tres décadas, y que ahora se conviertan en la intimidante nube negra que ensombrece el proceso electoral en marcha. Jimmy Morales, su partido FCN y sus aliados en el Congreso (por ejemplo, Podemos/PAN, UCN y Todos) han legitimado a los capos del crimen organizado confraternizando públicamente, fotografiándose animadamente con ellos y postulando a varios de sus integrantes a cargos de alcaldes, concejales, síndicos, diputados y hasta candidatos presidenciales.

Los mapas de riesgo elaborados por instituciones oficiales independientes, como la PDH, sobre conflictos político-electorales son inquietantes. Prácticamente ningún municipio escapa a un nivel de peligro. En la clasificación de riesgo alto y extremo (por la presencia del narco y asociada a ella las disputas entre caciques) se identifican 200 y 54 municipios, respectivamente. No es casual que la mayoría estén localizados en todas las zonas de frontera y las rutas internas de trasiego de drogas. Las localidades clasificadas como de riesgo medio y bajo (83 y 3) corresponden en su mayoría a conflictividad interpartidaria, baja capacidad de mecanismos de prevención y mediación, y ausencia de
cuerpos policiales.

La víctima mortal más reciente de este tipo de violencia fue Rudy Monzón Herrera, presidente de la Junta Electoral Municipal de San José Acatempa, Jutiapa. Además, en los últimos días surgió un grupo de choque –que opera como paramilitares– que bloquearon carreteras, amenazando con boicotear el proceso electoral, incluso el mismo día 16 de junio, cuando millones de electores en todo el país se movilizan a las urnas. Aunque ese grupo se identifica como “exmilitares”, el uso inadecuado del título los desmiente (lo típico de los militares retirados es que se nombran por el grado que alcanzaron en el Ejército: coronel, teniente, especialista etcétera). A ciencia cierta, se ignora qué los motiva ni a quién responden, pero llama la atención que en el encuentro con Degenhart fueron sospechosamente amigables.

Por si fuera poco, el informe que presentaron el pasado martes 21 la oficina del PDH y OACNUDH ofrece cifras alarmantes. En los últimos 28 meses 391 defensores de derechos humanos han sido blanco de ataques; uno de ellos es asesinado cada dos semanas y el 97 por ciento de las agresiones son intimidaciones y amenazas directas. El informe refiere, además, a ataques sexuales. Solo en 2018 documentaron 391 ataques y 26 asesinatos de defensores de derechos humanos. A los gobiernos anteriores se les criticó por omisión en la defensa de los derechos, pero a partir del actual no se sostiene la hipótesis. Jimmy Morales ha lanzado públicamente discursos de odio y ha criminalizado a los disidentes. Así ofrece un paraguas a los transgresores.

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