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Opiniones de hoy

Las elecciones de la incertidumbre

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Síntoma de la crisis de implantación del Estado de derecho.

 

Estas son las elecciones más judicializadas de la época democrática; más aún, desde que Guatemala es formalmente República, hace 200 años. Al cabo, confieso, que eso no me parece enteramente malo, como sugirió el secretario de la OEA, Luis Almagro, al criticar el trabajo de la CICIG (motivado, quizá, por un encono personal con el comisionado Iván Velásquez) y replicado esta semana por su enviado jefe de la misión de observación electoral (Prensa Libre, 14/05/19). Este fenómeno es inevitable en una transición hacia el Estado de derecho con un sistema político débil.

La absoluta incertidumbre sobre quiénes finalmente correrán y cómo se fragmentarán sus potenciales votos entre candidatos poco conocidos o de plano desconocidos, a un mes de las elecciones es otro de los síntomas de la crisis de implantación del Estado de derecho, que califica la coyuntura de
Guatemala desde 2015.

Tras el boicot del statu quo, que bien supo colocar de fachada a Jimmy Morales, aún opera la inercia de la fuerza del cambio que despertaron el MP y la CICIG. Quién sabe en qué resultará este aparente relajo electoral: ausentismo, voto nulo superlativo, mudanza insospechada de los electores o la típica concentración del votante en las figuras que aconsejen las organizaciones locales o induzcan los caciques en los pueblos.

Ahora bien, las cortes de justicia resultan en gran medida solo cajas de resonancia del mundo político, que quiere mantener su rutinaria y cómoda violación de las leyes que les facilita los negocios bajo la mesa, abusos de autoridad y la expoliación del gasto público de toda la vida. En medio de sus propias ruinas, ese mundillo político sigue desinteresado sobre el destino de la Nación. Su codicia personal es sin duda un motor irrefrenable, suficiente para derrotar a los pocos idealistas –hasta ahora, políticos pobres convertidos electoralmente en pobres políticos– que se han atrevido a incursionar a las lides electorales.

De ahí la trascendencia de la candidatura de Thelma Aldana, carente de estructuras partidarias, pero a quien gran parte de la población, sin distinción ideológica ni condición social, agradece la reivindicación de la justicia y la lucha contra la corrupción durante su gestión como fiscal general.

Por la judicialización de la política, la calificación crítica y las presiones recaen como nunca sobre las cortes y sus operadores. Que tal juez recibe dádivas y en reciprocidad retuerce las leyes. Que este otro juez sigue ciegamente las instrucciones de la CICIG y frente a eso no hay razón que valga. Pero más recientemente las calificaciones, impregnadas de pasiones, entremezclan lo ideológico y político. Que la corte tal es predecible por sus inclinaciones políticas hacia tal o cual candidato, y por su aversión a sus competidores. Y al revés, la ideología que predomina en otra corte saca del ring a tales candidatos.

Se ha perdido el sentido de coherencia jurídica en las instituciones. Salas de Apelaciones que contrarían el criterio del juez. Magistrados de la Suprema que no consideran las instancias inferiores ni del propio Tribunal Electoral y emiten su propio fallo. Corte de Constitucionalidad que va en sentido contrario a la Suprema.

La política divide en bandos a las instituciones de poder control y de justicia. En la percepción social la Contraloría, la CSJ y la cabeza del MP, siguen las directivas del Pacto de Corruptos, en tanto que ciertos operadores del MP y la CC favorecerían la implantación del Estado de derecho, cercanos al llamado Pacto de Ciudadanos, que busca abrir y airear el sistema político.

Insospechadamente en estas elecciones generales las cortes de justicia y el poder se convirtieron en una suerte de “Comisiones de Postulación”. La buena noticia en este desorden e incertidumbre es que al menos hay contrapesos, como en toda democracia. No se oye solo el tambor de un dictadorzuelo ni de un solo grupo de poder.

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