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Opiniones de hoy

Incertidumbre total

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A escasas cinco semanas de las elecciones generales, los guatemaltecos estamos inmersos en una incertidumbre total, es decir en medio de una absoluta falta de conocimiento cierto, claro, seguro y sin ninguna duda, no solo en torno a los candidatos a cargos de elección popular que son los que efectivamente están compitiendo, sino que también en cuanto a conocer quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas. Indudablemente, esto supone que el actual proceso electoral está dominado por la falta de información, la desinformación y la conculcación del derecho a saber de los ciudadanos.

Cuando se planteó la posibilidad de que la campaña electoral durara solo tres meses, todos estuvimos de acuerdo, pero siempre y cuando los 90 días de promoción política fueran efectivos, o sea que, por un lado, se contaran a partir de que se hubiera terminado el proceso de calificación y depuración de candidaturas, y que, por otro lado, la propaganda electoral fuera irrestricta y a través de todos los medios de comunicación, sin perjuicio de que la autoridad electoral informara, de manera neutral y
objetiva, sobre todas las opciones políticas en liza.

Sin embargo, el proceso de calificación y depuración de competidores no ha terminado después de casi dos meses de iniciada la campaña, la autoridad electoral inscribe, no inscribe, revoca o reinscribe candidaturas a su absoluta discreción, a su sabor y antojo. Efectivamente, dicha autoridad inscribe a unos candidatos a diputado que son tránsfugas y a otros no, inscribe a unos candidatos presidenciales que tienen causas judiciales en su contra y a otros no, inscribe a unos candidatos que hicieron propaganda anticipada y a otros no, e inscribe a unos candidatos que no tienen finiquito y a otros no, entre otros casos.

Asimismo, la autoridad electoral ha revocado algunas candidaturas inscritas, cuando ha advertido que se han iniciado causas penales contra los candidatos, bajo el argumento de que son “hechos notorios”, es decir que no ameritan prueba, impidiendo a los encartados que les aplique el derecho de antejuicio como candidatos; sin embargo, ha mantenido la inscripción de otras candidaturas a pesar de que los postulantes han sido sindicados o acusados de la comisión de delitos graves, garantizándoles con ello el derecho de antejuicio.

Por otro lado, los procesos de impugnación de decisiones de la autoridad electoral ante las Cortes, así como de las resoluciones de antejuicio contra candidatos, han sido tortuosos e insufribles. De hecho, a estas alturas de la campaña, por lo menos cuatro presidenciables se encuentran pendientes de resolución ante la Corte de Constitucionalidad (CC): Zury Ríos (Valor), Thelma Aldana (Semilla), Sandra Torres (UNE) y Mauricio Radford (Fuerza). Casualmente, las tres primeras encabezan la intención de voto.

Por si esto fuera poco, la CC, en un reciente fallo, dejó más dudas que certezas respecto de la información que la prensa traslada a la ciudadanía sobre el acontecer electoral. Entre otras cosas, no se hizo ninguna consideración sobre cómo debe entenderse la prohibición de donaciones de espacio y tiempo en los medios (lo que, por cierto, dio lugar a la emisión del grotesco reglamento para debates, foros y entrevistas a los candidatos a elección popular), dejándolo a la discreción de la autoridad electoral; y, por otro lado, aunque se determinó que los medios escritos no estaban sujetos a la tarifa electoral, ya que esta solo aplica a los medios usufructuarios de frecuencias del Estado, al no poderse difundir propaganda en los medios escritos que no se registraron en diciembre pasado, lo que la mayoría no hizo porque la autoridad electoral les impuso la tarifa electoral, porque los quebraba, debemos suponer que dicha autoridad ya incurrió en arbitrariedad y abuso de poder.

No solo es un proceso electoral atípico, sino que las decisiones en materia electoral son lesivas a la democracia.

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