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Opiniones de hoy

Abelino Chub Caal y el costo de defender los territorios indígenas

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El verdadero delito de Abelino, como el de cientos de líderes comunitarios indígenas en las Américas, es defender sus territorios y recursos naturales.

 

Hoy, lunes 22 de abril de 2019, inicia el juicio contra Abelino Chub Caal, líder q’eqchi’, quien ha trabajado como promotor social, acompañando a comunidades que gestionan la certeza jurídica de sus tierras. Abelino es acusado de usurpación agravada, incendio y asociación ilícita en dos hechos concretos. El primero ocurrió en agosto de 2016 cuando se le acusa de instigar a comunitarios a tomar e incendiar una finca de palma africana localizada en El Estor, Izabal. Abelino niega haber estado en el lugar de los hechos por encontrarse con su familia en Alta Verapaz. El segundo hecho acusatorio es por asociación ilícita, y fue en octubre de 2016, cuando Abelino actuó como mediador durante el desalojo de las fincas El Murciélago y Plan Grande.

Sin embargo, el verdadero delito de Abelino, como el de cientos de líderes comunitarios indígenas en las Américas, es defender sus territorios y recursos naturales en una región disputada como la del área de Izabal. Zona donde por siglos comunidades indígenas han luchado y se han organizado contra el robo y la usurpación de tierras por terratenientes y que en años recientes han experimentado amenazas por empresas de palma africana. Es de recordar que el mismo caso de violaciones y esclavitud doméstica y sexual, contra las señoras de Sepur Zarco, comunidad también localizada en Izabal, comenzó como una lucha por legalizar sus tierras.

En febrero de 2019, Abelino cumplió dos años en prisión preventiva a pesar de múltiples irregularidades que existen en el proceso en su contra. El mismo Ministerio Público solicitó la clausura provisional al proceso para investigar a fondo los delitos de los que se le acusan pero el juez Aníbal Arteaga, de Puerto Barrios, ordenó al MP hacer la acusación. Tres de los cinco delitos se desestimaron, quedando la acusación de usurpación agravada e incendio. Sin embargo, el abogado de las dos empresas querellantes, Inversiones Cobra S. A. y CXI S. A., apeló y sumó el delito de asociación ilícita.

Este caso es un paralelo doloroso con el pasado de la guerra, cuando, el poder de los terratenientes y empresas fue suficiente para criminalizar y eliminar a estudiantes, sindicalistas, líderes sociales o comunidades completas. Hoy, el caso de Abelino es prueba de cómo los políticos, las elites locales en alianza con empresarios y el sistema de justicia siguen asumiendo a los líderes indígenas como una amenaza, reduciendo conflictos históricos de tierra a supuestas “invasiones”, que en el imaginario del guatemalteco promedio racista causan zozobra. El actuar de estas empresas junto al sistema de justicia es una continuación de los siglos de despojo y robo de territorios que las comunidades indígenas de Guatemala siguen enfrentando.

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