Ganar elecciones a toda costa sigue siendo el vehículo para acceder al ejercicio del poder público en América Latina. Todo se vale menos perder, ha sido y sigue siendo el lema de los politiqueros y populistas mesiánicos.

La votación popular se interpreta como la soberana voluntad del pueblo expresada en las urnas. Por tanto, todas las facciones políticas, desde la independencia, han buscado invariablemente justificarse y legitimarse a través de elecciones, referendos o plebiscitos. Se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, pretendiendo sacralizar la voluntad popular.

De ahí la importancia de captar o cooptar el voto. Sin duda, el derecho al sufragio ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Desde que solo podían votar los hombres libres y los propietarios, hasta el voto universal que impera hoy día. Antes el voto era público, hoy es secreto.

Empero, si bien se han venido celebrado elecciones a lo largo de nuestra vida independiente, no necesariamente todas han sido libres, limpias y justas. Es más, la gran mayoría de procesos electorales han sido manipulados o fraudulentos. De hecho, los dictadores se han perpetuado a base de comicios amañados. Son elocuentes en ese sentido los regímenes de los Ortega Murillo en Nicaragua y de Maduro en Venezuela.

Inequívocamente, la falta de neutralidad de la autoridad electoral, el uso de recursos estatales, la ausencia de imparcialidad de la justicia oficial, el clientelismo político (intercambio de favores por votos o apoyo político), la ineficacia del control del financiamiento electoral, especialmente el que proviene de dinero sucio, así como la restricción del libre juego de opiniones y los obstáculos al flujo de información objetiva, veraz e imparcial, no solo corrompen los procesos electorales, sino también inciden negativamente en los resultados y en la legitimidad misma del desempeño de los cargos públicos. Simplemente, no puede hablarse de elecciones legítimas cuando la competencia y el escrutinio son injustos, desleales o envilecidos.

Una genuina democracia electoral, sustentada en la legalidad del sufragio, la conciencia ciudadana y el ejercicio consciente del derecho al voto, dista mucho de una suerte de “democracia electorera”, que se basa en la política práctica, la cual se traduce en la maniobra, el engaño, la burla y el fraude para asegurar una usurpación o negar la alternancia en el ejercicio del poder político.

La “democracia electorera”, además de vacía de contenido, supone la instrumentalización del votante para fines eminentemente personalistas; no busca el fortalecimiento de la democracia institucional, sino que abusa del votante a través de la demagogia, del clientelismo político, de la estafa emocional y de la manipulación. Por el contrario, la democracia electoral tiene contenido moral, jurídico e institucional; se fundamenta en los principios del autogobierno, del pluralismo político, de la participación ciudadana, del debate abierto, del libre acceso a la información, de la tolerancia y del respeto, así como de la competencia en igualdad de condiciones.

En dos platos, la democracia electoral exige la organización transparente e incuestionable de los procesos electorales a cargo de una autoridad electoral imparcial, la existencia de partidos democráticos, ideológicos y programáticos, una inequívoca certeza jurídica, la esencial igualdad política y el sufragio efectivo. Si los comicios no se rigen por estos principios, se da pie a la “democracia electorera”, que habilita la desinstitucionalización, la imposición y la dominación.