La rendición de cuentas es una práctica que todo funcionario público y hasta la dirección de las empresas, tendrían que llevar a cabo, transparente y puntualmente, ya que sus cargos implican cumplir determinados objetivos, como es garantizar el bienestar de las personas y el buen funcionamiento de las instituciones.

Eso en Guatemala poco se acostumbra o se hace con trampa. Quienes ocupan puestos de poder, no informan sobre su quehacer porque poco les importa la población y sus problemas. No rinden cuentas claras porque en nada cumplen las exigencias que una autoridad supone. La mayoría de funcionarios de este gobierno se caracteriza por su incapacidad para responsabilizarse de las tareas que les corresponden, como servidores de sus
comunidades.

La población tiene derecho de cuestionar a los empleados que reciben un pago a cambio de cumplir deberes públicos: alcaldes, gobernadores, ministros, diputados, jueces, presidente. Nuestro papel es fiscalizar a quienes elegimos para que hagan lo que su puesto exige: si es a nivel municipal, garantizar los servicios de agua potable, salud, energía, disposición de desechos, transporte, educación y cultura, que toda
municipalidad tendría que ofrecer.

Si se trata de diputados, poner a la vista de la población sus gestiones y resultados; si son de ministros, informar sobre las problemáticas del país, así como las políticas de Estado que implementan; y todos, sin exclusiones, rendir cuentas públicas sobre los recursos que están manejando y cómo.

El Ministro de Gobernación, por ejemplo, debe informar qué está haciendo para prevenir la violencia cotidiana contra las mujeres y las niñas, y más urgentemente, ya, decir qué ha hecho para dar con el paradero de la enfermera Carina Mazariegos, integrante de CODECA, desaparecida desde el 19 de marzo en Retalhuleu.

Enrique Degenhart tiene la obligación ineludible de informarnos sobre las políticas que está poniendo en práctica para que las mujeres no sean víctimas de la violencia que, con crueldad y saña, se ensaña sobre ellas. Hasta hoy, no hemos visto de su parte más que respuestas absurdas que las culpabilizan, y eso no solo es poco profesional, sino cínico y falto de ética.

Otros ministros, como el de Ambiente y el de Agricultura, tendrían que darnos información sobre sus políticas preventivas de cara a la sequía que amenaza las cosechas; qué hacen para que el agua no se contamine, o para evitar la muerte por desnutrición de la niñez. A muchas personas les convendría enterarse de cómo la corrupción cobra vidas y genera cada vez más miseria.

Emplazar a las autoridades significa colocarlas en un espacio para cuestionarlas, y respondan nuestras demandas. Qué tal si, por decir algo, le hiciéramos una evaluación pública de su mandato a Jimmy. Dudo que alguien lo califique mínimamente bien.

Pues lo mismo con todos los candidatos: emplacémoslos para que hagan públicos sus antecedentes, sus experiencias, sus haberes y sus proyectos. ¿Cómo creen que saldrían?