Impertinentes y descontextualizadas sería una forma benévola de referirse a la atrevida sugerencia que hiciera una calificadora de riesgo respecto de la necesidad de aumentar la presión tributaria en Guatemala. Declaración que no guarda sentido con la escandalosa corrupción que carcome el presupuesto público y la notoria ineficacia e ineficiencia gubernamental en el manejo de los recursos; actitud incomprensible por parte de quienes evalúan los riesgos del país, salvo que este tipo de empresas deriven algún beneficio de este tipo de desorden. Afirmaciones inoportunas que no vienen al caso en momentos en que una horda de políticos ávidos de poder andan buscando razones para justificar el manejo de cuantías más altas de fondos públicos en caso de ser electos. Ya que es poco probable que la mayoría de los partidos y candidatos a la presidencia se desmarquen de tan absurda propuesta, corresponde al electorado castigar por medio del voto a quienes decidan hacer suya tan descabellada propuesta. En lugar de estar ingeniando formas para meterle la mano al bolsillo de los ciudadanos, los partidos en contienda deberían tener identificadas ya propuestas concretas y factibles para encarar la corrupción y garantizar el buen uso, eficacia y eficiencia en el manejo del presupuesto.

Es más, quien resulte electo está obligado a dar resultados en el anterior sentido antes de ni siquiera soñar con aumentar la presión tributaria. Mientras no haya pruebas concretas que se ha superado la perversa lógica con que se manejan los fondos públicos, no existe justificación alguna para creer que dotando de más recursos al sector público se atenderán mejor los problemas sociales que golpean a la población. Es momento de hacerle saber a los políticos que deben enfocarse en ganarse la confianza de la población con pruebas concretas de la administración honesta y productiva de los recursos públicos existentes. Respecto de la pasividad monumental que de las autoridades financieras del país toman tales declaraciones, es poco lo que el votante puede hacer, salvo mostrarle a los políticos mediante el voto que la ciudadanía no está dispuesta a tolerar más de lo mismo en cuestiones fiscales, ya sea que lo diga el FMI o cualquier otro supuesto experto que no paga impuestos en Guatemala o que vive a costillas de los contribuyentes nacionales o extranjeros.