Por más que los corifeos del izquierdismo radical latinoamericano sigan pregonando que corresponde a los pueblos nicaragüense y venezolano establecer los contenidos y forma de los acuerdos políticos que permitan salir de sus respectivas crisis, las condiciones bajo las cuales podrían llevarse a cabo estos procesos favorecen claramente a los gobiernos autoritarios de Ortega y Madura. Las disparidades de poder entre las partes y su verdadera disposición al diálogo son evidentes. En ambos casos la sociedad civil se encuentra en franca desventaja frente a los gobiernos autoritarios que controlan el Poder Ejecutivo, las cortes, el Poder Legislativo, las autoridades electorales, las fuerzas de seguridad y los demás órganos de control político y administrativo del Estado. De esa cuenta, no puede tomarse seriamente la invitación al diálogo lanzada por Ortega hace unos días; de manera sorpresiva, ocho meses después que suspendiera unilateralmente el proceso y reprimiera brutalmente a su pueblo por