Hace un tiempo, cuando se presentó a varios sectores científicos, académicos y de la sociedad civil el estudio de preinversión de un colector subacuático que podría salvar de la inanición al lago de Atitlán, prestigiados investigadores de la Universidad del Valle de Guatemala presentaron las diferencias de peso y talla entre un grupo de niñas de similares raíces étnicas, las primeras viviendo en Sololá y las segundas en los Estados Unidos de América, hijas de migrantes chapines.

Las segundas, más altas y mejor nutridas, demostrando con ello los rezagos sociales provenientes de la ingesta de agua contaminada y por supuesto de la presencia en los hogares de mayor escasez de nutrientes. Similares conclusiones podrían establecerse para el corredor seco y el Altiplano
guatemalteco, entre otras regiones del país.

A raíz de ello, hace ya un tiempo, en febrero de 2016 el gobierno de turno requirió del Banco Mundial el diseño y armado de un proyecto de apoyo a la emergencia de la desnutrición, aprovechando experiencias comparadas con diversos resultados positivos, tanto en América del Sur como en otras regiones subdesarrolladas del planeta.

La operación tardó relativamente poco tiempo en diseñarse y aprobarse por el Directorio de dicho banco, que es la catedral del ambiente multilateral de la financiación del desarrollo. El 24 de marzo de 2017 las importantes sillas del Directorio, en las que sobresalen los países que lideran a la OECD, aprobaron la operación.

El 18 de enero de 2018 el Congreso conoce en primera lectura el proyecto, y se tiene en agenda para este día la continuación de la discusión por artículos y redacción final el proyecto comentado, que representa un monto de US$100 millones, a tasas que poco se comparan con las que el Ministerio de Finanzas Públicas presta de los bancos del sistema para financiar un presupuesto en torno al cual existe una resistencia sempiterna para financiarlo con impuestos.

Cabría preguntarse cuántas niñas han crecido menos de lo esperado, han muerto de inanición, o bien su cerebro no se ha desarrollado de la manera necesaria para enfrentar una vida digna, acorde con las exigencias de un mundo moderno, pleno de avances tecnológicos y médicos, que lamentablemente no tienen presencia en muchos rincones del país.

No es una casualidad que tal operación se aposente en el seno del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que dicho sea de paso tendría que gozar de cambios prominentes en su quehacer institucional para incorporar una nueva responsabilidad, que amplía la tradicional visión del enfoque biomédico que allí priva, y acercarse a la medicina y la economía preventiva, y a los enfoques de inclusión y asistencia directa a hogares que ante la emergencia no pueden desenvolverse por sus propios medios, ni enfrentar la lamentable epidemia de la hambruna, que dicho sea de paso tiene mucho que ver con la vigencia de un modelo de organización económica y social, que no solo necesita de remiendos, sino de intervenciones ambiciosas, profesionales y transparentes para tener éxito.

La operación se encuentra a punto de ser eliminada de la programación financiera de dicho banco de desarrollo, el que para financiar cualquier proyecto necesita preparar la mezcla de fondos que entonces muy bien podrían ir a parar a Perú, Tailandia, Indonesia o cualquier otro más decidido y mejor preparado que el nuestro para combatir la pobreza y la
desnutrición crónica.