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Opiniones de hoy

Imparcialidad de la autoridad electoral

opinion

Tanto la Constitución como la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) asignan al Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como a otros de sus órganos (Registro de Ciudadanos), la jurisdicción político-electoral, es decir la potestad de administrar justicia político-electoral. O sea que el TSE, además de organizar las elecciones y supervisar la actividad de las organizaciones políticas, aplica la ley a casos concretos y resuelve controversias en el ámbito político-electoral. Luego, el TSE es un verdadero órgano jurisdiccional en materia político-electoral, con independencia funcional y económica, y le corresponde, con exclusividad, la administración de justicia político-electoral.

En ese mismo orden de consideraciones, el Artículo 124 de la LEPP dispone: “Los miembros del TSE deben tener las mismas calidades que corresponden a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); gozarán de las mismas inmunidades y prerrogativas que aquellos y estarán sujetos a iguales responsabilidades (…)”. En todo caso, la inmunidad de los magistrados de la CSJ consiste en el derecho de antejuicio, que, según la Ley en Materia de Antejuicio (LMA), es la garantía que la Constitución otorga “a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley (…)”. Esta declaratoria, conforme la Constitución, le corresponde al Congreso.

La autoridad electoral, además de gozar de independencia funcional y económica, debe ser imparcial, es decir neutral en el juego político partidista, lo que supone que no debe favorecer ni tener preferencia alguna por las opciones político-ideológicas en liza, o sea que debaten y compiten.

La autoridad electoral, antes del Golpe de Estado ocurrido el 23 de marzo de 1982, estuvo asociada a los fraudes electorales ocurridos en 1974, 1978 y 1982, y fue determinante en la ruptura del orden constitucional. Todos celebramos la instalación del TSE el 30 de junio de 1983, integrado por los destacados abogados Arturo Herbruger Asturias, Gonzalo Menéndez de la Riva, Justo Rufino Morales, Manuel Ruano Mejía y René Búcaro Salaverría, todos con credenciales de honorabilidad, independencia de criterio, ilustración e imparcialidad. Sin embargo, la designación de magistrados del TSE ha degenerado y se ha venido politizando cada vez más, al punto que muchas designaciones de magistrados han sido con mano cargada.

La imparcialidad de la actual autoridad electoral ha sido seriamente cuestionada. Se vio a la hora de cancelar partidos por financiamiento electoral ilícito. A los magistrados no les tembló la mano para cancelar a unos (PP, Lider, FCN-Nación, Creo, Encuentro por Guatemala, etcétera), pero no canceló a otros como la UNE. También se ha evidenciado favoritismo o parcialidad a la hora de inscribir y denegar inscripciones de candidatos. Tampoco se observó imparcialidad de la autoridad electoral con motivo de la consulta popular sobre el diferendo territorial con Belice celebrada el 15 de abril de 2018.

La ilustración de los magistrados del TSE también ha sido puesta en tela de juicio, especialmente en lo que toca a las reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de pésima manufactura, por cierto, elaboradas y propuestas por ellos, y que fueron aprobadas por el Congreso en 2016, que ya están teniendo una incidencia negativa en el actual proceso electoral.

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