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Opiniones de hoy

¿Dónde estamos?

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¿Hacia dónde vamos?

 

Guatemala comenzó a cambiar a partir del 2015. Las alteraciones en la estructura de poder o, mejor dicho, el haber desnudado en público las miserias del sistema abrió otra coyuntura: la crisis de construcción del Estado de derecho. Entonces se cerró, porque estaba saqueada –aunque sigue siendo necesaria como fórmula de gobernanza– la coyuntura inaugurada hace treinta años: la también trabajosa edificación de la democracia.

A la nueva coyuntura le hace falta un ingrediente indispensable: provocar otra relación de fuerzas políticas. Esto quiere decir que el statu quo en realidad no enfrenta fuerzas reformistas dentro del sistema político ni económico, por eso tiene chances de restaurar (aunque sea parcialmente, como lo ha intentado desde septiembre del 2017) el aun no desmontado engranaje patrimonialista, de captura y cooptación del Estado.

La coyuntura de edificación de la democracia y de demolición del régimen autoritario, que se abrió en 1985, se sostenía sobre partidos programáticos (DC-PR vs. MLN-PID y otros) y modestas fuerzas económicas reformistas, las cuales antes de la primera década fueron derrotadas. Entonces la agenda democrática se corrompió hasta niveles indecibles y los caminos del desarrollo se bloquearon sufriendo dolorosos retrocesos (escandalosa desnutrición infantil y flujos migratorios sin precedentes en doscientos años de vida republicana). La agenda democrática fue capturada por el crimen organizado, mientras la oligarquía, concentrada en su propio ombligo, abandonó un rol de elite que ejerció a su manera durante el siglo XIX.

En la nueva coyuntura de construcción del Estado de derecho los agentes del cambio (fiscales, jueces y magistrados independientes, más la CICIG) son dependientes del sistema político, por la forma como son elegidos. Son un resultado de las correlaciones de fuerza, por tanto, no tienen la capacidad de conducir de manera natural procesos estructurales de transformación, como se vio con la frustrada reforma de la Constitución en el 2017.

El único agente externo con peso permanente y decisivo dentro del sistema es Washington. Pero la administración Trump ha desorientado su política centroamericana y por eso la zona se le está yendo de las manos. Solo hay que voltear la mirada hacia Nicaragua, Honduras y Guatemala, mientras que México y El Salvador con líderes populistas recién electos, resultan enigmas inquietantes.

Lo cierto es que en el periodo de Trump el Departamento de Estado se ha debilitado como nunca por la pérdida de liderazgos y de cuadros con experiencia política y diplomática, y por extravío, que corre paralelamente, de su agenda estratégica global. Son las burocracias de carrera de ciertas agencias las que tratan de mantener el rumbo. Apenas este año los demócratas recuperaron terreno en la Cámara Baja y propinaron la primera derrota táctica a Trump, pero eso resulta insuficiente todavía para evitar que nuestros países se libren de caer al barranco del Estado mafioso.

Es indispensable que se restaure en Washington el acuerdo bipartito entre demócratas y republicanos moderados edificado desde la década de 1990. Y es imperioso, además, la construcción del sujeto político reformista y de sus soportes en la clase económica (grandes, medianos y pequeños empresarios, cooperativistas, emprendedores, campesinos, artesanos, trabajadores), el homo faber, el hombre y la mujer que producen y fabrican. La cuestión es si las elecciones generales que están a la vuelta de la esquina resultarán en la oportunidad para hacer brotar la vital relación de fuerzas políticas que brinde el sustento a esta nueva coyuntura de construcción del Estado de derecho. Para medir probabilidades hay que analizar las fuerzas que entrarán en contienda, directa e indirectamente, y construir escenarios de corto plazo sobre el clima político en Washington.

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