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El Congreso, antes del 13 de octubre de este año, deberá elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA) de las nóminas de candidatos que deberán elaborar las respectivas Comisiones de Postulación.
La nómina de candidatos a magistrados de la CA deberá ser el doble de los magistrados a elegir por el Congreso. A su vez, la nómina de candidatos a magistrados de la CSJ deberá ser de 26 candidatos, de los cuales el Congreso elegirá a los 13 magistrados de la CSJ.
El período de funciones de los nuevos magistrados será de cinco años, contado a partir del 13 de octubre de este año, es decir que vencerá el 13 de octubre del 2024.
La Comisión de Postulación de candidatos a magistrados de la CSJ se integrará por un representante de los rectores de las universidades del país, los decanos de Derecho, igual número de representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) e igual número de representantes de los magistrados de la CA; en tanto que la Comisión de Postulación de candidatos a magistrados de la CA se integrará por un representante de los rectores, los decanos de Derecho, igual número de representantes del CANG e igual número de representantes de los magistrados de la CSJ.
O sea que, finalmente, al Congreso le corresponderá integrar a las Cortes del país, para lo cual se espera que resulten electos los mejores candidatos, extremo que exige, además del mérito (capacidad, idoneidad y honradez), la reconocida honorabilidad de los magistrados. En esto ha venido insistiendo la sociedad civil.
En fin, el desafío es monumental, sobre todo en estos momentos en que la impunidad está peor que nunca y en que la población está sumida en la desconfianza, el miedo y la desesperación debido a la inseguridad, a la violencia y a la injusticia que imperan en nuestro país. Estamos en un verdadero punto de inflexión. O salimos adelante o nos terminamos de hundir en el barro de la falta de castigo y de la corrupción.
El Poder Judicial en Guatemala debe dejar de ser la “cenicienta” del Estado y para esto se necesita que los magistrados de la CSJ y de la CA ostenten, además de dignidad, independencia e ilustración, un testimonio de vida profesional y personal intachable. En otras palabras, el clamor popular es por la excelencia, la ética y la absoluta y total honorabilidad.
Ojalá que las Comisiones de Postulación y el Congreso entiendan esto y elijan a los mejores para integrar la CSJ y la CA.
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Según los datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), el año pasado fueron retornados más de 42 mil migrantes, casi la mitad provenientes de Estados Unidos y el resto de México.
Menuda tarea de reconstrucción social le espera al nuevo presidente del país más poderoso de la tierra y profunda redefinición a los republicanos pensantes.
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