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Opiniones de hoy

En defensa de las elecciones

opinion

Indicador de la salud de la democracia.

 

La dimensión electoral de la democracia es insuficiente para tratar los problemas torales de la sociedad y del Estado. Por eso, durante la última década ha disminuido el respaldo popular a los procesos electorales en América Latina de un 60 por ciento a un 40 por ciento, a la vez que aumenta la desafección hacia la actividad política y sus actores. No obstante, las elecciones siguen siendo un requisito mínimo e indispensable para la salud de la democracia y la estabilidad de las naciones.

Los últimos procesos electorales en el hemisferio han abierto paso a signos ideológicos disímiles –como en México y Brasil– y a líderes políticos autoproclamados como “antisistema” –Nayib Bukele en El Salvador–, que despiertan miedos e incertidumbre. Pero es mucho mejor que las sociedades exploren otras rutas, antes que quedar atrapadas en el pantano de los partidos que han gobernado durante las últimas tres décadas, profundizando las brechas socioeconómicas y erosionando la legitimidad de las instituciones al hacer de la corrupción su signo característico. Esa clase política ha empujado la erosión social a la democracia que cayó en los últimos diez años del 70 por ciento al 58 por ciento.

Sistemas políticos que no liberaron la olla de presión de la alternancia en la gestión del poder político, están ahora atrapados en la ruina económica, la violencia política y la fractura social. Y ya se vio que sus políticas económicas, sociales y de seguridad, que en algún momento despertaron asombro, se vuelven vulnerables ante la falla de la dimensión electoral de la democracia. Venezuela y Nicaragua, por ejemplo, dictaron normas electorales para que la oposición jamás alcanzara el gobierno central, y los resultados están a la vista.

Honduras, un tercer ejemplo, con sus peculiaridades, aún no supera el trauma del golpe de Estado del 2009, y sin haber resuelto esa crisis se montó sobre otra: la inconstitucional reelección de Juan Orlando Hernández y su imposición mediante un fraude electoral en noviembre del 2017, tolerado por Washington y el resto de la comunidad internacional. Aun considerando la profunda descomposición política en Nicaragua y Guatemala durante el último año, es Honduras el país en la región con el mayor deterioro en sus condiciones de gobernabilidad.

Este año Guatemala tiene la oportunidad de celebrar un proceso electoral ordenado y transparente. En sí misma la aplicación de la nueva norma electoral será un reto para el TSE y el sistema político y económico, pues la norma resultó una camisa demasiado estrecha, tras la reglamentación que el propio Tribunal recetó: 87 días efectivos de campaña electoral, sin pauta en los medios (dado que la tarifa oficial solo representa el 20 por ciento del valor comercial de la publicidad) y con los partidos apercibidos, estas resultarán las elecciones más extrañas del periodo democrático. Por eso, ganará la elección quien ya está posicionado, con estructura territorial de base y con algún tema que importe a la gente: políticas sociales (Sandra Torres), lucha contra la corrupción (Thelma Aldana), valores tradicionales (Zury Ríos).
Pero como las elecciones corren paralelamente a la continuada depuración judicial del sistema de partidos, nada está escrito. Lo único que podemos pelear, en medio del panorama de incertidumbre descrito, es que se acaten las disposiciones judiciales y que los competidores finales respeten las reglas del proceso, pues sin elecciones creíbles nos deslizaremos por el tobogán que conduce al caos. Y, realmente, no estamos lejos con un Jimmy Morales que se acostumbró a posicionarse fuera de juego sin que le saquen la tarjeta roja que le corresponde.

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