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Opiniones de hoy

Fraude de ley

opinion

No debe tolerarse la apariencia de legalidad

 

Nuestro régimen de legalidad establece que los actos realizados a la luz de una norma jurídica vigente que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley, y no impedirán la debida aplicación del mandato legal que se hubiere tratado de eludir. Por tanto, existe fraude de ley cuando se tergiversa o manipula el sentido de una norma jurídica, o se aplica incorrectamente, con miras a que, con base en una aparente legalidad, se obtenga un efecto o consecuencia prohibida o contraria al orden jurídico constituido.

En Guatemala, debido al irrespeto e inobservancia de la ley que, desafortunadamente, sigue imperando, existe una propensión a burlar el espíritu y la literalidad de las normas jurídicas, así como a valerse de atajos a la ley, con el fin de lograr resultados injustos o ilícitos.

En todo caso, el fraude de ley no solo se deriva de actos de particulares, sino que también de actuaciones y resoluciones emanadas de órganos y entidades estatales, que, inequívocamente, son más graves y perniciosos, ya que se menoscaba el principio de Derecho Público que rige para el ejercicio de la autoridad estatal, que reza “lo que no está expresamente permitido ha de entenderse prohibido”; y, asimismo, por el abuso de poder y el incumplimiento de deberes implícitos.

Preocupa sobremanera la consumación del fraude de ley en la administración de justicia, a través del enjuiciamiento, tergiversación o frustración del orden legal vigente, porque se basa en la interpretación y aplicación incorrecta de las normas jurídicas, con la finalidad de hacer valer o imponer decisiones ilegítimas, malintencionadas, atentatorias o tendenciosas.

En todo caso, la desnaturalización o el enjuiciamiento de los preceptos constitucionales, que se conoce como el fraude constitucional, supone la peor amenaza de destrucción del Estado Constitucional de Derecho, porque se traduce en la inobservancia del principio de supremacía de la Constitución, que obliga a respetar y acatar, por encima de todo, el espíritu (principios y valores) y los mandatos incorporados en la Carta Magna.

En Guatemala no es la ausencia de normas lo que provoca la incertidumbre jurídica, sino la infracción legal, a través del referido fraude de ley, del fraude procesal (utilización del proceso judicial con fines ilícitos), de la cosa juzgada fraudulenta (emisión de un fallo pervertido o corrupto), del abuso del derecho (exceso y mala fe en el ejercicio de un derecho) y de la prevaricación (emisión maliciosa de resoluciones injustas o ilícitas).

Sin duda, el juzgador, en aras de la tutela judicial eficaz, además de no ceder ante la presión, el capricho, la imposición, la insolencia y la manipulación externa, debe resolver con apego estricto a la Constitución y la ley, aunque sus mandatos sean contrarios a sus creencias e intereses personales.

Si no se privilegia la recta y correcta interpretación y aplicación de la Constitución y la ley, la solución pacífica de los conflictos a cargo de los tribunales de justicia seguirá siendo cuestionada y poco confiable; y, por ende, siempre habrá incentivos perversos para hacer justicia por propia mano y el clima de negocios no mejorará.

Tolerar la apariencia de legalidad no solo alimenta el disimulo, el engaño, el fraude y la simulación, sino que también alienta el envilecimiento del orden jurídico vigente. En ese sentido, Platón afirma: “La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo”.

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