El dictador venezolano, Nicolás Maduro, de cara a la proclamación del presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Juan Guaidó, como gobernante interino, bajo el argumento de que Maduro es un usurpador y, consecuentemente, se ha producido un vacío en la Jefatura de Estado, ha declarado que se está perpetrando un “golpe de Estado”. En ese mismo sentido, se pronunció el Canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, durante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

Un “golpe de Estado” es la toma del poder político de un modo repentino y violento, por parte de un grupo de poder, vulnerando las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad (Wikipedia).

El régimen de Maduro no es precisamente un dechado de virtudes democráticas ni un gobierno respetuoso del Estado Constitucional de Derecho. Veamos.

En las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre de 2015, la oposición política ganó el 67 por ciento de las diputaciones de la AN (112 de 167). Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, con la intención de evitar las decisiones parlamentarias por mayoría calificada (dos terceras partes del número de diputados), suspendió a tres diputados, alegando supuestas irregularidades en su elección, y dado que el 5 de enero de 2016 dichos parlamentarios asumieron y fueron juramentados, declaró en desacato a la AN, invalidó todos sus actos y asumió la función legislativa del Estado. Sin duda, esto supuso una flagrante violación constitucional y un golpe de Estado contra la institucionalidad democrática.

Por otro lado, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) reconoce el referendo revocatorio después de transcurrida la mitad del período de funciones de los electos. Luego, en 2016, la oposición política solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE), también controlado por el oficialismo, que se convocara a un referendo revocatorio contra Maduro; sin embargo, el CNE paralizó el proceso arbitrariamente y el referendo no pudo llevarse a cabo bajo la dirección del CNE, aunque la consulta, sin efectos vinculantes, sí se celebró el 17 de julio de 2017, bajo la conducción de la AN, cuyo resultado fue la revocación del mandato de Maduro. Sin duda, otro golpe del oficialismo a la institucionalidad democrática.

Asimismo, el régimen de Maduro convocó a elegir una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con una integración sui géneris que favorecía el control absoluto del oficialismo, para que redactara una nueva Constitución, pero, en realidad, la intención era que se convirtiera en una suerte de súper poder. La designación de los 545 asambleístas, todos pertenecientes al chavismo, se concretó mediante una farsa electoral montada por el CNE el 30 de julio de 2017.

La ANC convocó a elecciones presidenciales, las que se celebraron el 20 de mayo de 2018. Dado que no existieron garantías de que los comicios serían libres, justos y organizados por una autoridad electoral independiente e imparcial, la oposición política se abstuvo de participar en los comicios. El CNE proclamó vencedor a Maduro, aunque el proceso electoral no fue reconocido como legítimo por la comunidad internacional. Contra viento y marea, Maduro fue juramentado por el TSJ y no por la AN, como lo ordena la CRBV, como gobernante reelecto el pasado 10 de enero de 2019.

Inequívocamente, el régimen espurio de Maduro se ha mantenido en el poder político irrespetando el orden constitucional y, por ende, ha sido el protagonista de un continuado “golpe de Estado” en Venezuela; por tanto, Maduro es un usurpador y no le luce denunciar que se está dando un “golpe de Estado” en su contra. ¡Por favor!