De manera general él no ha cumplido con honrar la Constitución y las leyes como juró al asumir la presidencia. Deberían quitarle el derecho de antejuicio para que responda ante la ley en varios casos y no solo por actos de corrupción en su contra, como el dinero que recibió de altos empresarios de manera ilícita. Para empezar su serie de incumplimientos: no ha garantizado el derecho a la vida (Artículo 3) como se ha observado en el del incendio del Hogar Seguro con más de medio centenar de niñas muertas y con los migrantes. Y qué decir de proteger a la persona y la realización del bien común (Artículo 1) y de garantizar la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona (Artículo 2) en un país que sufre de hambre, desnutrición, falta de educación e infraestructura. Así, él y su gobierno de impresentables han hecho retroceder al país, muchos de ellos prófugos.

Se ha calificado a su gobierno como el peor de nuestra historia. Es muy negativo porque hemos tenido malos pero muy malos presidentes como Lucas, Ríos Montt, Portillo, Colom, Pérez Molina, que estaban en los primeros lugares de lo peor, pero ahora Morales resulta ser más desastroso. Eso es una tragedia para el país, mientras crece el narcotráfico. Él y su allegados desdeñan la justicia y en lugar de servir a la paz, siembran cizaña y también en el plano internacional, al persistir su inconstitucional lucha contra Iván Velásquez y la CICIG. Su actuación vulnera a Guatemala pues solo persigue defenderse a sí mismo de la justicia y a su banda uniformada y empresarial que lo secunda, creando falta de certeza jurídica. Así, no cumple con defender a la patria (Artículo 135) ni vela porque se cumpla la Constitución (Artículo 141), que dicta que Guatemala debe actuar de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales (Artículo 149), pues ha prevalecido el interés personal sobre el público.

Morales es parte de la red de indignos políticos que sin ética han violentando la división de poderes. Vive presionando a la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y parte de la CC para que lo sirvan. La Corte debió denegar in limine la acusación del Procurador de la Nación contra tres magistrados de la CC pero la aceptó y mandó la misma al Congreso para que decidiera. Y allí reina esa mafia. Pero la CC detuvo el actuar de los diputados al dar curso a un amparo. Los tres magistrados de la CC molestaban a Morales porque rechazaron sus abusos inconstitucionales para sacar del país a Iván Velásquez, a la CICIG y al embajador sueco. El Procurador de la Nación debió rechazar la orden del presidente en contra de los tres molestos magistrados de la CC, pues el procurador no puede defender al presidente porque su obligación es defender al Estado, y al defender al presidente es una ilegalidad mayor. Morales también violentó la Constitución al romper el compromiso de Estado del convenio suscrito en 2006 con el secretario general de la ONU que creó la CICIG, porque los tratados se cumplen según la normativa pacta sunt servanda.

También es inconstitucional que se pretendiera enjuiciar a los tres magistrados de la CC por sus resoluciones por improcedente. El presidente y su mafia arrasan el Estado de Derecho y la Constitución con tal que continúe la impunidad. Dice esta que todo guatemalteco debe cumplir la Constitución, y no se pueden cuestionar los fallos de la CC. Si lo hace un funcionario debe atenerse a las consecuencias penales. Pero el MP se somete a las presiones de la banda que respalda a Jimmy. Ellos pretenden continuar gobernando sin ley como sucede en Nicaragua, Honduras o Venezuela. El MP debería hacer su trabajo y castigar a esos funcionarios y ministros que atentaron contra la Constitución. Los tres magistrados de la CC en cuestión han hecho un trabajo digno y el pueblo los aplaude. Y condena al gobierno que lleva a la sociedad a una encrucijada, más si planea interferir en las elecciones para que siga la impunidad. Morales se encuentra con Maduro, Ortega y Hernández en el mismo nivel de ilegitimidad.