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Opiniones de hoy

El flagelo de las extorsiones

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Las extorsiones se traducen en presiones o exigencias, mediante amenazas, coacciones o intimidaciones sobre las víctimas, para que estas paguen ciertas sumas de dinero en forma mensual, a cambio de no ser agredidas. Generalmente, los delincuentes atacan a sus víctimas cuando estas no ceden a sus demandas ilícitas. Las arremetidas contra la vida, integridad personal y bienes de los extorsionados no se dejan esperar. Abundan los casos de salvajes asesinatos, violaciones, lesiones gravísimas, robos y destrozos asociados a la extorsión, que ejemplifican hasta dónde llegan los pandilleros cuando los amenazados no les entregan los dineros que les son exigidos.

El dinero reclamado por los extorsionistas varía de acuerdo a los recursos económicos aparentes con los que supuestamente cuentan los extorsionados. Por supuesto, los requerimientos aumentan cada cierto tiempo al punto que para muchos extorsionados se vuelven prácticamente impagables, lo que puede traducirse en agresiones físicas o psicológicas contra los extorsionados y/o sus familiares, el destierro o, incluso, el asesinato.

Ha trascendido que en la cadena criminal se involucran policías corruptos, con quienes los extorsionistas comparten el producto de los cobros ilícitos. A esto habría que agregar que las autoridades, para acreditarse “golpes de efecto”, hacen redadas de presuntos extorsionistas, pero sin pruebas que los incriminen, lo que obliga a las autoridades judiciales a liberarlos casi inmediatamente. Esto supone una suerte de “puerta giratoria” (de ingresos y egresos) que desacredita y resta credibilidad a la justicia oficial.

Sin duda, la contaminación de agentes policiales causa estragos en todo el sistema de seguridad y justicia, al extremo que la gente no tiene más recurso que defenderse por propia mano de la agresión de la delincuencia. Lamentablemente, la alegación de legítima defensa es tan controversial y difícil de demostrar que muchas veces se convierte en un “bumerang” en contra del que se defiende. De ahí la iniciativa de ley que busca habilitar la defensa propia contra delincuentes que allanan las casas de habitación.

La espiral de extorsiones ha llegado a tal nivel que muchos dueños de viviendas y negocios medianos y pequeños (farmacias, tiendas, librerías, talleres, panaderías, abarroterías, restaurantes, edificios, etcétera) en diferentes zonas de la Capital y de otras áreas urbanas en el interior del país, están abandonándolos debido a los impagables requerimientos dinerarios que les hacen los pandilleros. Asimismo, no cesan las extorsiones y ataques contra propietarios, pilotos y ayudantes de transportes de pasajeros urbanos y extraurbanos, así como contra el transporte de carga por carretera. Hasta los templos religiosos son víctimas de la extorsión.

Los perjuicios sobre la economía de la reubicación de negocios y viviendas son devastadores, ya que la gente renuncia a sus propiedades, posesiones y fuentes de ingreso, y se ve obligada a comenzar de nuevo en otro lugar o en otra actividad económica, con los costos que eso conlleva, y bajo la asunción falsa de que no va a ser extorsionada nuevamente.

Sin duda, la extorsión es el crimen de mayor incidencia en Guatemala y debe ser combatida por el Estado, sin escatimar esfuerzos y recursos. Fracasar en esta acometida equivaldría a ceder la plaza a los criminales, ni más ni menos.

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