La corrupción en el ámbito público es el mal uso de autoridad del que se está investido para obtener o conceder ventajas ilegítimas, indebidas o ilícitas. Son actos de corrupción imputables a funcionarios y empleados públicos, sancionados con penas privativas de libertad, el enriquecimiento ilícito, el peculado, la malversación, el cohecho, la colusión, el fraude, la concusión, el abuso de autoridad, el incumplimiento de deberes y el prevaricato, entre otros.

En todo caso, la corrupción es atribuible e imputable tanto a los que dicen ser de derecha como a los que se autoproclaman de izquierda. Por tanto, corruptos no son solo los que se consideran o se alinean con la derecha, sino también aquellos que se definen y se ubican en la izquierda del espectro político.

O sea que hay corruptos en los gobiernos de derecha como de izquierda. De esa cuenta, han sido imputados y encarcelados por actos de corrupción tanto gobernantes de derecha como de izquierda.

En América Latina han sido imputados penalmente por delitos de corrupción los exgobernantes de derecha Antonio Saca (El Salvador), Ricardo Martinelli (Panamá), Fernando Collor de Mello (Brasil), Rafael Callejas (Honduras), Arnoldo Alemán (Nicaragua) y Alejandro Toledo (Perú). Asimismo, se encuentran encausados judicialmente por corrupción los exgobernantes de izquierda Ollanta Humala (Perú), Lula Da Silva (Brasil), Cristina Fernández (Argentina) y Enrique Funes (El Salvador), entre otros.

En Venezuela, el régimen chavista de Nicolás Maduro, autoproclamado socialista, ha sido señalado de narcotráfico, así como de malversaciones y desfalcos multimillonarios, que, indudablemente, han redundado en el empobrecimiento de la población a niveles de una verdadera catástrofe humanitaria.

En Guatemala, se encuentra ligado a proceso penal y guardando prisión preventiva el expresidente de derecha Otto Pérez. Asimismo, el exgobernante Alfonso Portillo (de izquierda) fue condenado por lavado de dinero en los EE. UU. Por cierto, pende la investigación de los actos de corrupción durante el régimen de Portillo (2000-4) que permanecen impunes.

Por otro lado, el régimen de Álvaro Colom (2008-12), autoproclamado socialdemócrata, ha sido señalado de graves actos de corrupción (los aportes económicos al Transurbano, el trasiego de dinero a través del protocolo del Aeropuerto, la corrupción en Fonapaz y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia en la ejecución de los programas clientelares, la contratación de deuda pública flotante, la exoneración tributaria del Transurbano, los desfalcos en el Congreso, el tráfico de influencias, etcétera). Colom y varios de sus ministros fueron detenidos el año pasado y enjuiciados por corrupción en el caso del Transurbano.

En el mismo sentido, tanto los partidos autoproclamados de derecha como de izquierda en Guatemala que han incurrido en financiamiento electoral ilícito deben ser cancelados y los responsables deben ser enjuiciados. En todo caso, no se vale que solo los partidos y políticos de un determinado signo político o ideológico sean castigados.

En consecuencia, los corruptos deben ser tratados con la misma vara y con la misma tabla rasa. Tanto de izquierda como de derecha. Son corruptos y punto. Eso de asegurar impunidad para “nuestros corruptos”, porque son de derecha o de izquierda, no debe tolerarse. Tampoco es aceptable que solamente se impute penalmente a los corruptos de un signo político o ideológico y a los otros no, y si se diere el caso debe ser susceptible de denuncia, enjuiciamiento y recusación por falta de imparcialidad y prevaricato.