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Opiniones de hoy

Gente de Estado en defensa de la legalidad

opinion

Defender la Constitución no es asunto de ideologías.

 

Ante los atropellos que el Pacto de Corruptos comete contra nuestra Constitución, gente de Estado (parte de la reserva moral del Estado) ha plantado cara en defensa de la legalidad. Una cosa es que el Pacto de Corruptos quiera defender su inmunidad y, en algunos casos, su impunidad. Otra cosa es que para lograrlo rompan la Constitución y busquen descalabrar la arquitectura republicana del Estado, deslizándonos riesgosamente a un régimen dictatorial y violento.

Igual que la lucha contra la corrupción y la impunidad, defender la Constitución no es asunto de ideologías. Imperfecta, rezagada en algunas materias y trastrocada en otras (reforma de 1994), como sea, es nuestro pacto social, el marco de convivencia entre personas que viven y piensan diferente, el ordenamiento jurídico en democracia. Establece la separación de los poderes constituidos, define los órganos de control y contrapesos, fundamenta el andamiaje jurídico del Estado, determina el régimen de libertades civiles y derechos ciudadanos, y estipula los límites de las instituciones y sus autoridades.

Como nos recuerda el pronunciamiento de cinco notables abogados (elPeriódico, 23/01/19, p. 7), para interpretar y aplicar sus normas, la Constitución creó la CC “como tribunal permanente con independencia de los demás organismos del Estado”. Los abogados califican como “persecución ilegal” la denuncia promovida por algunos integrantes de la “Asociación de Dignatarios de la Nación” contra los magistrados de la CC, Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía. Señalan sin ambages que “al dar trámite de una denuncia antijurídica”, la mayoría de integrantes de la CSJ “ha contribuido a debilitar el Estado de derecho”. Llaman al Congreso a detener el trámite de tal denuncia, y advierten que, “de continuar el Congreso con un atropello en contra de la independencia de la CC, se fuerza a sus miembros para cumplir con el deber de defender el orden constitucional”.

Quienes suscriben ese texto de meridiana claridad, pueden ser conservadores o liberales (Eduardo Mayora, exdecano de la Universidad Marroquín; Gabriel Orellana, excanciller; Rodolfo Rohrmoser, Mauro Chacón y Jorge Mario García Laguardia, exmagistrados de la CC), pero los une la causa de la defensa de la Constitución. Algo similar ocurre con el amicus curiae que excancilleres y exembajadores –de amplio abanico ideológico– presentaron a la CC el viernes 18 en relación al Acuerdo Gubernativo 2-2019, que dispuso dar por terminado el acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala que estableció la CICIG.

Los diplomáticos sostienen que la disposición del presidente Morales y su gabinete es nula ipso jure porque “disminuye, restringe y tergiversa derechos que la Constitución garantiza” (Artículo 44 Constitucional). Argumentan bajo los principios de supremacía constitucional y de legalidad en la conducción de las relaciones internacionales, así como en el concepto de “denuncia” de los tratados internacionales (en el derecho internacional, en la doctrina, conforme a la Constitución y a la facultad de denunciar tratados). En conclusión, la Carta Magna le otorga facultades al presidente en materia de relaciones internacionales, pero le impone ajustar su actuación al principio de legalidad. El acuerdo de la CICIG no contempla el concepto de la “denuncia” y, por tanto, la acción gubernamental no se ajusta a los principios, reglas y prácticas internacionales (Artículo 183, inciso o), Constitucional), condición para conducir las relaciones internacionales del Estado de Guatemala.

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