Desde hace más de tres décadas observo y participo, con acción y pensamiento, de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, en especial en América Latina, pero también en España. En esa línea, me complace ser cofundador de Transparencia Internacional España, la rama local de una organización internacional a la que pertenece Acción Ciudadana, presidida por el ciudadano Manfredo Marroquín.

Guatemala, líder mundial en la creatividad para luchar contra la corrupción al crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un fabuloso instrumento legal para los ansiados fines de regeneración política, pasa hoy por horas oscuras.

La clave de esta herramienta es, justamente, que no puede ser manipulada, por su independencia, por el poder político de turno, lo que habrá de ocurrir, naturalmente, mientras esté vigente el acuerdo internacional que vincula a Guatemala con la Organización de las Naciones Unidas. El mérito político de ese hito fue del entonces presidente de la República, Óscar Berger Perdomo.

Lamentablemente el país atraviesa hoy por un hito de otra naturaleza. Yo diría que trágico desde el punto de vista de la lucha contra la impunidad. La insólita decisión presidencial de dar por terminada la labor de la CICIG, además de ser claramente antijurídica –y, no olvidar, de ir contra las promesas del entonces candidato en campaña electoral–, puede suponer un enorme retroceso que traería aparejada la posible pérdida de muchísimos logros que han ido jalonando la lucha contra la corrupción, en la que fiscales y jueces se han dejado la piel –incluso arriesgado sus vidas– y todo ello con el acompañamiento de la ciudadanía, la Sociedad Civil y la prensa libre.

Guatemala se encuentra, por lo tanto, ante una hora moral. Más allá de las ideologías o banderías políticas, es el momento de que la sociedad toda responda ante el ataque brutal al ordenamiento jurídico que supone la pretensión de discontinuar la labor de la CICIG, de momento rechazada frontalmente por la Corte de Constitucionalidad con fecha 9 de enero.

Y es en este hecho en el que me quiero detener. Los valientes ciudadanos Manfredo Marroquín, Marco Vinicio Mejía Dávila, Miriam C. Roquel Chávez (de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos), Helen Beatriz Mack Chang, Rodilio Barbelí García Orozco, Roselín Eunice García Bautista, Rodilio Alberto García Bautista y Mauricio Rodbelí García Bautista están siendo mirados por el mundo y haciendo historia cívica, jurídica y política al haber solicitado amparo, con éxito, ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

La sociedad toda debe acompañarles. Así, por ejemplo, debería hacerlo el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Estaremos atentos
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* Experto en Derecho Administrativo y Transparencia