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Para la verdad es fundamental la lucha por la justicia no solo en las sentencias de los tribunales sino en acciones y reparaciones dignas para los sobrevivientes..

 

En uno de sus recientes libros sobre la posguerra en Guatemala, la antropóloga Diane Nelson nos recuerda que cuando contamos, empezamos por el 1, 2, 3 y así sucesivamente. Sin embargo –explica– en Guatemala muchas familias golpeadas por la violencia del Estado, aunque no lo admitan, empiezan a contar desde el -1, a veces desde -4, -5, todo depende del número de familiares ausentes, asesinados, torturados o desaparecidos. Para algunos, contar es retroceder cientos porque su comunidad completa fue arrasada. Si Guatemala, como país pudiera contar debería empezar con -200 mil, por todas las muertes que dejó la guerra. Luego pasaría a contar -45 mil por el número de desaparecidos. Para la mayoría de la población, comenzar a contar desde cero es imposible.

En días recientes, los diputados Fernando Linares, Jaime Regalado, Estuardo Galdámez, Claude Harmeling, Boris España, Armando Melgar, Javier Hernández, Delia Bac, Manuel Conde, Javier Hernández, Julio Lainfiesta y José Ubico, han querido asegurar impunidad, reformando la Ley de Reconciliación Nacional, para que, entre los cambios, la amnistía aplique a los crímenes de lesa humanidad y que las personas en proceso o condenados sean liberados en 24 horas, anulando así su condena.

Es evidente que las pequeñas victorias en los tribunales, en los últimos años, han significado una nueva emboscada de los sectores militares responsables de crímenes de lesa humanidad, de sus familiares y por su puesto, de uno de sus grandes financistas: la elite guatemalteca.

Hoy venden la idea de que recordar es contraproducente, cuando lo que demuestran es que recordar es peligroso, para ellos.

Procurar inmunidad para los verdugos de cientos de miles de hombres, mujeres, niños y ancianos va más allá de dejar en libertad a una docena de criminales. Otorgar inmunidad significaría que la historia oficial del país le apostaría a la narrativa del olvido y por la tanto, abriría las puertas a una repetición de los crímenes. La impunidad que pretenden otorgar las bancadas que propusieron estas enmiendas son una muestra más del campo de batalla en el que nos encontramos, con dos bandos: el de la verdad y el del olvido. Para la verdad es fundamental la lucha por la justicia no solo en las sentencias de los tribunales sino en acciones y reparaciones dignas para los sobrevivientes. Esto es básico para cualquier país que se reconstruye de las cenizas de sus masacrados.

De permitir y apostarle al olvido y a la impunidad estaríamos instituyendo la cultura de muerte, que asumirá las ejecuciones extrajudiciales como aceptables para eliminar a los seres humanos problemáticos, desde un joven de un asentamiento hasta los defensores de derechos humanos o cualquiera que se oponga a la dictadura en la que estamos viviendo.

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