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Opiniones de hoy

Enfoque Arremetida salvaje en contra de la CC

opinion

Si no se respetan las resoluciones judiciales –de las cortes y tribunales–, se violenta el Estado de Derecho y se pone en peligro la democracia.

 

Cada cuatro años, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) levanta el telón y convoca para elecciones generales, la atención de la población se centra fijamente en el proceso electoral, con todas las sorpresas, debates, dudas y pasiones que le suelen acompañar. Este año la situación es diferente, pues el ingrediente de incertidumbre –que suele estar presente pero en dosis normales– se encuentra en niveles alarmantes y la confrontación social está exacerbada.

Ya hace cuatro años tuvimos un proceso electoral bastante atípico. Había ebullición social por el destape de los primeros casos de corrupción descubiertos por la CICIG y el MP –en ese entonces casi todo el mundo aplaudía–; en el ambiente se percibía el deseo de cambio. Se quería algo nuevo y diferente a la clase política tradicional, suficientemente desprestigiada.

La sorpresa ha sido mayúscula, pues Jimmy Morales, candidato ganador y hoy presidente de la República, resultó un calco de la vieja política, con explosiones de autoritarismo y prácticas del pasado, con una clara tendencia a controlar los otros dos poderes del Estado: el Organismo Legislativo y el Organismo Judicial.

La clase política ya tenía metidos sus tentáculos en el sistema de justicia y en las instituciones fiscalizadoras. Las famosas Comisiones de Postulación han servido de escalera para impulsar a leales servidores a puestos clave como magistrados, fiscal general y contralor de cuentas. Todo esto ha permitido la construcción de un andamiaje de impunidad que les sirve a ellos y es un arma peligrosa que utilizan cuando quieren machucar a sus opositores, como estamos viendo ahora. Si nos ubicamos desde esa plataforma de la vieja política, podemos comprender cómo hoy tiene varios líderes, uno de ellos el propio don Jimmy, quien está utilizando toda su fuerza y poder para perseguir, hostigar y –pretende– intimidar a los magistrados de la CC.

Es fácil ver la fotografía completa:

• El Congreso de la República compra la voluntad y utiliza a un grupito de dignatarios –¿serán dignos?– a quienes tienen a paga –y han sobornado, para decirlo claramente– para que presenten una acción de antejuicio contra tres magistrados de la CC: Gloria Porras, Bonerge Mejía y José Francisco de Mata Vela.

• Luego la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que debió rechazar de inmediato la denuncia, por no proceder desde el punto de vista jurídico –los magistrados de la CC no pueden ser ¡jamás! procesados por sus fallos–, le da trámite, evidentemente cumpliendo las órdenes de la clase política que les eligió y reelegirá a alguno de ellos este año. Funciona así el cobro de los favores políticos.

• El antejuicio llega al Congreso, en donde los diputados –encabezados por el presidente del Organismo, Álvaro Arzú Jr.–, proceden rápidamente a crear la Comisión Pesquisidora para intentar quitarles la inmunidad a los magistrados.

Todo el proceso es evidentemente ilegal e inconstitucional. No solo atenta contra el orden constitucional, contra la institucionalidad, sino además borra el Estado de Derecho. Toda una aberración jurídica para intimidar a los magistrados e intentar destruir el ordenamiento jurídico del país.

Esta acción descabellada, que jamás podría prosperar si el sistema de justicia no estuviera en manos de la vieja política, es más peligrosa de lo que la sociedad ha logrado percibir y/o entender. Se trata, por supuesto, de un caso judicial complejo. A eso apuestan don Jimmy, los magistrados de la CSJ que votaron contra sus colegas de la CC y los diputados que impulsan el caso. Abusan del poder que les confiere el cargo que ostentan y de la confusión generalizada que existe entre la población. La buena notica es que han principiado a presentarse acciones de amparo en contra de la decisión y debe ser la propia CC –y los magistrados señalados–, quienes detengan este ataque institucional. Deben –además–, accionar contra todos los funcionarios que ¡ahora sí!, han desobedecido abierta y públicamente las resoluciones emitidas en torno a los casos que involucran a la CICIG y las decisiones –abiertamente ilegales también– de don Jimmy. Estamos ya en medio del proceso electoral. Lástima que el Presidente haya caído en la tentación de continuar su batalla y mostrar su irresponsabilidad al crear un clima desfavorable en el camino hacia las urnas. Don Jimmy ha querido aumentar la incertidumbre y confrontación. Es seguro –y ya evidente–, que existe también una estrategia para atacar a los candidatos que puedan representar oposición a su famosa cruzada para terminar con la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero en medio de la crisis permanente que vivimos, pueden surgir oportunidades. Ojalá así suceda.

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