Nada le importa al electo en 2015, ni a su grupo de incondicionales, con llevar a Guatemala a una nueva escalada de crisis de la que difícilmente nos recuperemos en años. Desatender los mandatos de la Corte de Constitucionalidad, gusten o no, son los máximos indicadores del nivel de degradación legal y moral a que nos ha llevado el gobierno electo bajo un contexto, donde el mandato ciudadano indicaba todo lo contrario: contribuir a transitar hacia una ruta de estabilidad, soluciones a desafíos acumulados, retomar el Estado de Derecho y priorizar la lucha contra la impunidad. Nada de eso pasó. De pronto, nos vemos atrapados entre lo absurdo y lo surreal. Tal parece que gobernantes y elites, secundados por un minúsculo grupo de gritones debidamente aceitados por recursos procedentes de estructuras oscuras, han creado un terrible acumulado de episodios; propios de una novela terrorífica. Pero esa ha sido la lógica