Por estos días, cuando la gente en Guatemala opina a diestra y siniestra sobre complejos aspectos jurídicos, la expresión “Estado de derecho” se ha convertido en coloquial. Pero, ¿qué significa realmente? Esta expresión está vinculada a otra muy masticada: soberanía. En los gobiernos dictatoriales no hay más soberanía que la voluntad del gobernante. En los democráticos, la soberanía pertenece al pueblo. Por eso, los gobernantes no pueden actuar sin atender a un principio constitucional básico: el bien común. Ningún examen de la legalidad en la actuación de un gobernante puede eludir este principio. Si el gobernante daña el bien común, sus acciones no son solamente ilegales, sino ilegítimas y atentan contra la verdadera soberanía.

Para articular un Estado de derecho, existe lo que se llama “principio de legalidad”. Implica que los gobernantes necesitan una habilitación de la ley para actuar. Cuando actúan sin esta habilitación, cometen un abuso de poder. Aún las potestades discrecionales están sujetas a elementos reglados: los principios generales del derecho, a los principios generales de la Constitución y al bien común. De allí, que ningún funcionario puede ampararse en el tenor literal de una norma, si en su aplicación viola principios constitucionales o atenta contra el bien común.

La profunda vinculación de las potestades de los gobernantes con todo el entramado del sistema jurídico, implica necesariamente que todo acto está sujeto a la revisión judicial. Ni siquiera las funciones discrecionales pueden escapar de este control.

El recurso de Amparo es en Guatemala una acción destinada a evitar el abuso del poder. Nuestra ley expresa que “no existe ámbito que no sea susceptible de amparo”. Por estos días se ha querido acusar a la CC de extralimitarse debido al control jurisdiccional que ha hecho de funciones del ejecutivo. Si atamos cabos con lo antes dicho, podemos aclarar nuestra cabeza: no existe actuación pública que no esté sujeta al examen jurisdiccional. Si se quiere acusar a un tribunal de cometer delito por ejercer sus funciones, entonces estamos claudicando del Estado de derecho y no hay vuelta de hoja. Y no se trata de la que la CC esté extralimitándose. Se trata de que tiene la obligación de hacer prevalecer el principio de legalidad y con ello, establecer un balance en el ejercicio del poder público. Esa función implica la interpretación de la ley. Y, si bien todos pueden interpretar la ley a su antojo, la única interpretación que es obligatoria es la que hace un tribunal que ejerce jurisdicción.

¿Qué hay afuera del Estado de derecho? La fuerza bruta. La imposición. El imperio de la arbitrariedad y del abuso. No merecen perdón los “abogados constitucionalistas” que con sus insostenibles argumentos están destruyendo nuestras garantías y alentando la ingobernabilidad.