Por estos días, cuando la gente en Guatemala opina a diestra y siniestra sobre complejos aspectos jurídicos, la expresión “Estado de derecho” se ha convertido en coloquial. Pero, ¿qué significa realmente? Esta expresión está vinculada a otra muy masticada: soberanía. En los gobiernos dictatoriales no hay más soberanía que la voluntad del gobernante. En los democráticos, la soberanía pertenece al pueblo. Por eso, los gobernantes no pueden actuar sin atender a un principio constitucional básico: el bien común. Ningún examen de la legalidad en la actuación de un gobernante puede eludir este principio. Si el gobernante daña el bien común, sus acciones no son solamente ilegales, sino ilegítimas y atentan contra la verdadera soberanía. Para articular un Estado de derecho, existe lo que se llama “principio de legalidad”. Implica que los gobernantes necesitan una habilitación de la ley para actuar. Cuando actúan sin esta habilitación, cometen un abuso de poder.