El imperio de la ley se traduce en la realidad y vigencia adecuada de las leyes; y, asimismo, en el sometimiento a estas por igual de gobernantes y gobernados, sin privilegios ni discriminaciones de clase alguna. Bajo el imperio de la ley, los mandatos de esta deben ser acatados, cumplidos y no discutidos (Lex jubeat, non disputet). Las leyes tampoco deben ser juzgadas o enjuiciadas (Non sunt judicandae leges), sino que debe juzgarse según ellas. En tanto esté vigente, la ley es infalible, debe observarse y hacerse valer por los organismos Ejecutivo y Judicial. El Organismo Ejecutivo debe velar por el cumplimiento de la ley, en tanto que el Organismo Judicial, por medio de los tribunales de justicia, debe restablecer, con absoluta imparcialidad y celeridad, la soberanía de la ley. Por otro lado, los habitantes del territorio nacional, conforme la Constitución y los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos,