El imperio de la ley se traduce en la realidad y vigencia adecuada de las leyes; y, asimismo, en el sometimiento a estas por igual de gobernantes y gobernados, sin privilegios ni discriminaciones de clase alguna.

Bajo el imperio de la ley, los mandatos de esta deben ser acatados, cumplidos y no discutidos (Lex jubeat, non disputet). Las leyes tampoco deben ser juzgadas o enjuiciadas (Non sunt judicandae leges), sino que debe juzgarse según ellas.

En tanto esté vigente, la ley es infalible, debe observarse y hacerse valer por los organismos Ejecutivo y Judicial. El Organismo Ejecutivo debe velar por el cumplimiento de la ley, en tanto que el Organismo Judicial, por medio de los tribunales de justicia, debe restablecer, con absoluta imparcialidad y celeridad, la soberanía de la ley.

Por otro lado, los habitantes del territorio nacional, conforme la Constitución y los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, tienen el derecho de acceder a tribunales de justicia idóneos, competentes, independientes e imparciales, así como a ser juzgados por estos con estricto apego al Derecho.

Cuando no rige el imperio de la ley, entonces se da paso a la anarquía, al caos proveniente de gobiernos sin autoridad, a la impunidad en lo delictivo, a la arbitrariedad, a la subversión o al despotismo. “Cuando la ley acaba, comienza la tiranía”, dice Bernardino Rivadavia.

Por supuesto, las normas constitucionales y legales pueden ser reformadas, sustituidas por otras o, incluso, derogadas por el Organismo Legislativo, cuando las mismas no responden al bien común o no se ajustan a la realidad imperante.

Por ende, en tanto en cuanto las normas constitucionales y legales estén vigentes no pueden ser desobedecidas apelando a objeciones de conciencia ni tampoco burladas, tergiversadas o inaplicadas atendiendo a intereses creados, criterios antojadizos, justificaciones ideológicas o conveniencias políticas. Si alguno o algunos no están de acuerdo con la plena vigencia de una norma constitucional o legal, lo procedente es que promueva su reforma o supresión a través de los canales adecuados, pero mientras esto no ocurra deben acatarla y cumplirla.

Por otro lado, los tribunales de justicia son los únicos que pueden interpretar y aplicar las leyes a los casos concretos, en el marco de un debido proceso y todas sus garantías (principio de legalidad, inviolabilidad del derecho de defensa, presunción de inocencia, irretroactividad de la ley, igualdad de las partes, celeridad, legitimación del juzgador, prejudicialidad, doble instancia). Lo anterior sin perjuicio de que siempre se pueden deducir responsabilidades legales en contra de los juzgadores, conforme la Constitución y la ley, si estos profieren resoluciones ilegales o actúan con mala fe, abuso, parcialidad o dilación, incluso después de que cesen en su función jurisdiccional. Esto impide el denominado “gobierno de los jueces” que pretende menoscabar o limitar el “gobierno de la ley”.

Finalmente, los fallos judiciales firmes deben ser acatados y cumplidos, aunque no se esté de acuerdo con ellos, sin perjuicio, por supuesto, de que puedan ser anulados, modificados o expulsados de la jurisprudencia en caso de fraude de ley o fraude procesal.