El presidente Jimmy Morales se refiere con frecuencia a la defensa de la soberanía para justificar las acciones que ha tomado contra la CICIG. Dada la crisis institucional que eso ha generado, los asesores del presidente deberían conocer mejor lo que significa la soberanía hoy en día y cómo ese concepto ha ido cambiando en el derecho internacional y en las relaciones internacionales contemporáneas. Para los asesores del gobierno y los grupos minoritarios que lo apoyan la defensa de la soberanía se ha vuelto un argumento para deshacerse de la CICIG. Ese argumento tiene, sin embargo, una validez cuestionable, ha sido rechazado por la Corte Constitucional y lo sería también en cualquier corte internacional. Por eso los asesores del Presidente deberían conocer bien qué es la soberanía, cuál es su alcance y cómo se interpreta en la actualidad. Lo que está claro es que la CICIG no la está transgrediendo.

La idea de la soberanía se originó en Francia en el siglo XVI y se atribuye al jurista francés Jean Bodin. En esa época se refería a la concentración de poderes en un gobernante. El concepto de soberanía de Bodin transformó la concepción del orden político en aquella época, aunque su contenido ha cambiado y se ha interpretado de manera diferente con el paso del tiempo. El concepto de la soberanía tuvo su primera manifestación formal en el Tratado de Westfalia que puso fin a una guerra de 80 años en Europa a mediados del siglo XXVII. Los firmantes de ese tratado se comprometieron a no interferir con la decisión de los gobernantes sobre la religión que se estableciera en sus territorios. La soberanía significó “el reconocimiento por otros estados del derecho a la autoridad exclusiva dentro de un territorio.” (Croxton, The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty, 1999). La idea de que la soberanía emana del pueblo surgió de la Revolución Francesa y quedó plasmada en el Artículo 3 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. El principio de no intervención surgió poco después, y se introdujo en la Constitución de Francia de 1793; Francia no intervendría en los asuntos públicos de otros estados ni permitiría que se interviniera en los suyos. Eso no impidió que hubiera guerras y actos de intervención en Europa y en el continente americano.

Sin embargo, el criterio de que la acción internacional era improcedente e inadmisible en los asuntos internos relativos a cuestiones institucionales o políticas prevaleció hasta finales de los años setenta del siglo pasado. Fue a partir de entonces que comenzó a ser cuestionado a medida que la protección de los derechos humanos fue surgiendo como un ámbito legítimo de preocupación internacional y de la acción multilateral. La entrada en vigor en 1976 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas le dio impulso y dirección a ese proceso de construir un sistema de protección de los derechos humanos.

Hasta 1980 la mayoría de países aún se resistían al escrutinio de las violaciones a los derechos humanos, y lo denunciaban como una violación de su soberanía (algunos pocos lo siguen haciendo: Corea del Norte, Irán, China, Arabia Saudita y otros). No obstante, desde entonces se fueron dando una serie de acontecimientos en las relaciones internacionales que han llevado a aceptar el criterio que los derechos humanos no pertenecen solo a la jurisdicción interna, y que los Estados tienen que responder ante la comunidad internacional por el trato que dan a las personas adentro de su territorio. Si bien la soberanía no va a desaparecer de las relaciones internacionales, la misma está siendo restringida y revisada a través de un proceso continuo y complejo. Las normas de derechos humanos están en el centro de esta evolución histórica. El reconocimiento de los derechos de las minorías, de las mujeres, y de los pueblos indígenas forman parte de este proceso, y son ahora un componente legítimo de la evaluación y la cooperación internacional.

Se ha llegado a reconocer en el derecho internacional contemporáneo que los asuntos relativos a los derechos humanos no forman parte del dominio exclusivo de los Estados. En los últimos 50 años el concepto del dominio reservado se ha ido reduciendo en la medida en la que la protección de los derechos humanos surgió como una esfera legítima de la acción multilateral, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas, como en Europa, América Latina y después en África. De hecho, con el desarrollo de un sistema internacional en el que la protección de los derechos humanos se considera fundamental se ha visto un proceso de erosión gradual de la soberanía. Las tendencias que han surgido alrededor de los derechos humanos en diferentes partes del mundo han sido determinantes en la reformulación del significado de la soberanía del Estado. Esto fue señalado desde finales de 1980 en muchas resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU, así como en los informes del secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar, y después del secretario general Boutros Boutros Ghali, quien en un informe de 1992 observó que “los tiempos de la soberanía absoluta y exclusiva han pasado.” El secretario general Kofi Annan sostuvo la misma opinión.

A partir del reconocimiento que la protección de los derechos humanos es una preocupación legítima de la comunidad internacional, se inició un proceso de ampliar el involucramiento internacional al ámbito de la defensa y la promoción de la democracia representativa. En el marco del apoyo a la democracia fueron abriéndose nuevos espacios de cooperación internacional con diversas instituciones dentro de los Estados. Comenzando por las instituciones electorales, el apoyo externo se fue ampliando a las instituciones responsables de la administración de justicia, lo que se consideraba importante para darle sustento a la gobernabilidad como condición fundamental de la democracia representativa. Además se aceptó como válida la premisa que las instituciones del Estado debían ser eficientes y efectivas para lograr la consolidación de la democracia, para lo cual debían ser transparentes, capaces de rendir cuentas, así como de proteger el Estado de derecho y de garantizar los derechos y las libertades individuales. Todo eso está plasmado en resoluciones de la Asamblea General de la ONU, de la OEA, y en muchos instrumentos internacionales. El Acuerdo de creación de la CICIG forma parte de ellos, y por eso tiene el reconocimiento y el apoyo de la comunidad internacional. Eso al parecer no lo tienen claro ni el presidente Morales ni sus asesores.

Además de las modalidades anteriores de cooperación internacional en cuestiones institucionales, se han dado otras en diferentes ámbitos, tales como la relativa al combate a la corrupción, la protección de derechos laborales, las regulaciones sobre el comercio internacional, las cuales también están sujetas a la evaluación o escrutinio externo y generan obligaciones para el Estado que pueden dar lugar a la imposición de sanciones en caso de su incumplimiento. Si bien esto podría considerarse como una cesión de soberanía, el hecho es que al suscribir convenios o “adherirse a organismos internacionales los Estados consienten o aceptan los aspectos institucionales. Las obligaciones de los Estados solo pueden provenir del consentimiento de los mismos.” (Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 2008).

Todo este desarrollo del derecho internacional en lo relativo a la soberanía debe entenderse bien; en este momento es, precisamente, el motivo del abismo creciente entre el gobierno de Jimmy Morales y el resto del mundo. Las consecuencias del aislamiento internacional ya las vivió nuestro país por más de treinta años a finales del siglo pasado. Si las conocemos y tuvimos que pagar un costo tan alto ¿por qué seguir enfrentándonos a la comunidad internacional? ¿Por qué no puede el gobierno y quienes lo apoyan reflexionar y corregir el rumbo? Debería ser posible y esa es su responsabilidad histórica.