[theme-my-login default_action="register" show_links="0"]

¿Perdiste tu contrseña? Ingresa tu correo electrónico. Recibirás un correo para crear una nueva contrseña.

[theme-my-login default_action="lostpassword" show_links="0"]

Regresar

Cerrar

Publicidad

Opiniones de hoy

Una Corte contra-poder

opinion

El pecado capital de la magistratura 2016-2021.

 

En reiteradas ocasiones, he sostenido la hipótesis que a lo largo de la historia reciente, Guatemala ha sido un país sin la institucionalidad necesaria para canalizar y resolver conflictos por la vía política. Esta falencia genera la necesidad de un “árbitro de última instancia”: un actor que juega el rol de mediador, filtro político, garante del orden y salvaguarda final del sistema. Hasta 1993, ese rol lo jugó el Ejército. Pero con la transición democrática, dicha función se trasladó gradualmente a la Corte de Constitucionalidad (CC).

No obstante, con el paso de los años, y ante la incapacidad de las elites de apostar por el fortalecimiento de la institucionalidad, la función pretoriana de un “arbitro de última instancia” solo se ha profundizado.

Por ello, fácilmente podemos reseñar como, desde 1993 a la fecha, pero particularmente, a partir de 2001, la CC ha estado en el epicentro de todos los procesos y momentos políticos más relevantes del país. Desde discusiones sobre inscripciones de candidatos electorales, procesos de elección de funcionarios de segundo grado (magistrados, contralor, Fiscal General), pasando por discusiones de reformas tributarias, la aplicación de convenios internacionales en materia de derechos humanos, procesos de antejuicio, la prohibición para comercializar cachinflines, hasta casos penales de alto impacto, en todos, la Corte de Constitucionalidad ha sido el árbitro final del conflicto político en el país.

Argumentar ahora que existe una “extralimitación” de parte de la CC resulta un poco discordante a la luz de la experiencia reciente; y más si se considera que desde el diseño del ordenamiento político vigente se dejó en claro que “No hay ámbito que no sea susceptible de amparo” (Art. 265 de la Constitución). A ello sumemos que entre 2009 y 2010 (hace dos magistraturas), la CC amplió la legitimación activa para presentar acciones de control de constitucionalidad contra los actos de la administración pública. Vale la pena preguntarse entonces, ¿qué ha cambiado de 2016 a la fecha? ¿Por qué tanta animadversión de Gobierno y de ciertos sectores clave del país hacia la actual magistratura constitucional?

Sencillo. Lo que ha cambiado ha sido el balance de fuerzas. Durante décadas, los fallos de la Corte de Constitucionalidad en aquellos casos de trascendencia política se alineaban más con la visión e intereses de los estamentos político, económico y militar. En 2003, la CC se alineó con el poder político de turno y ordenó la inscripción de Efraín Ríos Montt como candidato presidencial. En 2011, la CC acuerpó la posición de una gran parte del sector privado y ordenó no inscribir a Sandra Torres como aspirante a la presidencia. En 2013, acogió las demandas de actores privados y militares, y anuló el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt. A lo largo de los años, la Corte ha anulado reformas tributarias o se ha convertido en un contrapeso ante interpretaciones discrecionales de la administración tributaria en casos fiscales. Por estos, y otros casos más, es que a la CC se le ha considerado como una salvaguarda final del sistema. No obstante, en un proceso que aún debe estudiarse, la designación de magistrados de 2016 arrojó un resultado atípico: La integración de Corte con una mayoría que no necesariamente resultaba afín ni al Gobierno, ni al sector privado, ni al estamento militar. Esta es quizá, la primera Corte de Constitucionalidad con una mayoría abiertamente “Contra-Poder” en la historia del país. Esta dinámica se ha materializado en los casos relacionados con el Convenio 169 de la OIT sobre consultas comunitarias; las resoluciones que obligan a repetir las designaciones de gobernadores departamentales; los casos sobre decisiones de política exterior de Gobierno (tanto el caso del Embajador de Suecia, como los innumerables eventos del conflicto Gobierno-CICIG). En todos, la CC ha resuelto en contra de la visión imperante de grupos de poder.

Ese es el pecado capital de la actual magistratura. La función pretoriana sigue siendo la misma de los últimos 25 años. La amplitud del marco de actuación, también. Lo que ha cambiado ha sido el sentido de las resoluciones. De ser suplementos del poder, la Corte es hoy un órgano “contra-poder”.

Publicidad


Esto te puede interesar

noticia AFP
En el Foro de Davos, el riesgo de monopolizar las vacunas suscita debate

Tras beneficiarse de una inversión masiva por parte de la Unión Europea, los fabricantes de vacunas contra el covid-19 “deben ahora mantener sus promesas y cumplir sus obligaciones”, advirtió el martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

noticia L. Sapalú / L. Paredes/elPeriódico
Designaciones pactadas y un proceso opaco

Abogados constitucionalistas y analistas políticos se refieren a la integración de la nueva CC.

noticia Luisa Paredes/ elPeriódico
Piden al MP avances en la denuncia contra el Consejo de la Carrera Judicial

Acción Ciudadana señala a los miembros del CCJ de beneficiar a Mynor Moto.


De último momento

MP presenta solicitud de antejuicio contra Jimmy Morales

La Fiscalía contra la Corrupción tiene una investigación abierta que involucra a Morales. El expediente está relacionado a la expulsión del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.

noticia Luisa Paredes /elPeriódico

Más en esta sección

Johan Zarco logra la “pole” en Alemania

otras-noticias

Alemania despierta y complica a Portugal

otras-noticias

Verstappen toma el mando

otras-noticias

Publicidad