El Pacto de Corruptos puede ejecutar con éxito un solo estilo de política. El tramposo y ruin, el del golpetazo cínico y soberbio sobre la mesa y con los chorros de dinero que engordan caletas y engrasan “negocios”. Es como ganan elecciones y capturan instituciones. Así han dominado la República durante 200 años. Por ese tipo de política chanchullera tienen en el exilio a la CICIG; increíblemente sigue gozando de antejuicio el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos; engavetaron los antejuicios de Jimmy Morales y ganaron votaciones en el Pleno para favorecer su impunidad.

Cuando deciden irse por la vía legal, fracasan. Legalmente no pueden desembarazarse “en 24 horas” del Acuerdo de la CICIG porque la fecha de caducidad bianual del Acuerdo es el mecanismo previsto para que el gobierno lo rechace. Lo que anunció Jimmy Morales el 31 de agosto pasado con gran parafernalia: no se renovará en 2019. El Acuerdo prevé que las NN.UU. desmantele la comisión bajo tres supuestos: que el gobierno entorpezca las operaciones anti-mafias, que no muestre voluntad para empujar reformas legales en la lucha contra la impunidad y que la comunidad internacional retire el financiamiento.

Solo el tercer supuesto no está presente, pues los países amigos de Guatemala proporcionan los fondos y ceden recursos humanos de su sistema (los latinoamericanos) para que la Comisión trabaje. En cambio, los otros dos supuestos están cumplidos. El gobierno no colabora con las operaciones de allanamientos y capturas ordenadas por los jueces. El gobierno ha expulsado a la cabeza de la comisión y a sus principales cuadros. Desde fines de 2016 Jimmy Morales se bajó del carro de la reforma constitucional para fortalecer la justicia y, por si fuera poco, alienta la legislación pro-impunidad. A pesar de que esos supuestos fueron quebrantados, las NN.UU. han mantenido la Misión.

Es más, su secretario general, Antonio Guterres, rechazó “enérgicamente” la decisión de Jimmy Morales de desmantelar la CICIG. Dado que la Comisión es ley interna, y está encuadrada en materia de derechos humanos (Art. 46 constitucional), la CC tenía la última palabra. Y fue categórica en pronunciarla, con cuatro de sus cinco magistrados: la CICIG no se puede ir por decisión unilateral de Morales. Además, la CICIG es un acuerdo internacional de carácter bilateral y, más temprano que tarde, será procesado por jueces del sistema jurídico global.

Por otro lado, pero en la misma línea, de sacudirse a quien les arruga su impunidad y corrupción, el Pacto de Corruptos siguió la arremetida en contra de los magistrados independientes de la CC, Gloria Porras, Francisco de Mata y Boanerge Mejía, queriendo desaforarlos. Y también se fregaron. Pusieron al PGN a denunciar, provocando que violara su propio mandato. Sedujeron a un grupo espurio de constituyentes que, por lo visto, no han leído la Ley de Amparo que refrendaron, la cual claramente dice que los magistrados de la CC “no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo” (Art. 167). Y aunque tampoco les resultó difícil alinear a la CSJ (electa por el PP y Lider) para que les concediera sus deseos, la terminaron de quemar.

Al respecto de antejuicios a magistrados de la CC ya se formó jurisprudencia sobre la interpretación del Art. 167: en 1995, el caso del magistrado Mynor Pinto Acevedo; en 2003, el del magistrado Carlos Guillermo Ruiz Wong, y en 2018, en la misma dirección, un trámite pendiente en contra del magistrado Alejandro Maldonado Aguirre. Si con las reglas del sistema no la hacen, es ya jugada cantada lo que viene: tirar el tablero.