El viernes pasado, dos aparentes agentes de la seguridad del Estado siguieron el vehículo donde se conducía el presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, y su esposa, en su trayecto hacia un restaurante de la zona 13 de la Capital. Los dos individuos, a quienes un vehículo automotor dejó en el referido restaurante, procedieron a tomar fotografías y videos de quienes compartían en el lugar con Zamora y su esposa.

Uno de ellos salió del lugar y se comunicó por teléfono para informar que su misión supuestamente había terminado y que le había enviado el material. Posteriormente, regresó al restaurante y se sentó junto con el otro individuo y ambos pidieron una gaseosa para continuar espiando al grupo. El supuesto agente no se percató que un empleado de elPeriódico estaba afuera del restaurante y se dio cuenta de que estaban fotografiando, filmando y vigilando a Zamora y que escuchó la mencionada conversación telefónica. Dicho empleado informó a Zamora sobre el incidente y le advirtió que uno de los supuestos agentes estaba armado. Zamora los abordó y les preguntó qué buscaban y al verse descubiertos, acobardados intentaron negar la labor de vigilancia y seguimiento del periodista Zamora.

El Artículo 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispone: “9) El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”. Asimismo, el principio 4 de la Declaración de Chapultepec, adoptada por La Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en México, D.F., el 11 de marzo de 1994, establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”.

En todo caso, cabe recordar que los miembros de la familia del periodista Zamora, durante el régimen intolerante, corrupto y abusivo de Alfonso Portillo (2000-4), se vieron obligados a abandonar el territorio nacional, después de la perpetración de un cobarde allanamiento a su residencia, planeado y ejecutado por altos funcionarios (militares y políticos) del gobierno portillista. Asimismo, durante el también corrupto e intolerante régimen de Álvaro Colom (2008-12), el periodista Zamora fue secuestrado en un restaurante de la zona 10 capitalina y abandonado, dado por muerto, en El Tejar, Chimaltenango.

Rechazamos este acto intimidatorio contra el periodista Zamora y exigimos de las autoridades el esclarecimiento del mismo. También solicitamos el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la prensa nacional e internacional.