El principal problema de la economía guatemalteca es que su ritmo de crecimiento es extremadamente lento, lo cual no solo impide corregir los bochornosos indicadores de pobreza del país, sino que nos deja cada vez más atrasados respecto de otras naciones que hasta hace cuarenta años mostraban niveles de bienestar material similares a los nuestros: en 1978 Guatemala tenía un ingreso per cápita real superior en 80 por ciento al de Tailandia, y en más de 100 por ciento al de China; hoy ambos países superan a Guatemala en más de un 80 por ciento.

La razón fundamental de este retroceso relativo radica en la baja productividad sistémica de la economía guatemalteca que, a su vez, se deriva principalmente de la (cada vez más grave) debilidad de las instituciones públicas que impide al Estado cumplir con su obligación de proveer los servicios públicos esenciales para el funcionamiento básico del aparato económico (seguridad, justicia, infraestructura, salud y educación primarias).

La crisis política actual -donde la policía se enfrenta con los fiscales, donde la suprema Corte se enfrenta con la Corte de lo constitucional, donde diputados al Congreso llaman a desobedecer las órdenes judiciales y donde el Ejecutivo se enfrenta con la ONU- no hace más que revelar y agudizar el continuo deterioro institucional. Y eso, querámoslo o no, tiene graves repercusiones para la economía. Ya desde hace tiempo que las calificadoras de riesgo y la banca internacional vienen advirtiendo que la disfuncionalidad institucional es un obstáculo para la inversión y el crecimiento en Guatemala; y la semana pasada la calificadora Moody’s lo reiteró enfáticamente.

Pero el principal peligro radica en las consecuencias de largo plazo de este deterioro. Vale la pena verse en el espejo de países que se han tornado fallidos para evitar cometer sus mismos errores. Moisés Naim y Francisco Toro lo describían a la perfección en un reciente artículo sobre el suicidio colectivo de su país: “…las causas del fracaso de Venezuela tienen raíces más antiguas y profundas. Varias décadas de gradual descalabro económico le abrieron el camino a un demagogo carismático que, inspirado por una ensalada de malas ideas, consiguió instaurar una autocracia corrupta”.

Estamos en una situación crítica de impredecibles consecuencias económicas y sociales, en donde debe prevalecer la sensatez y el respeto a las instituciones republicanas. Como dijo en su comunicado el Consejo Nacional Apostólico de los jesuitas: “más importante que cualquier comisión es el respeto al Estado de Derecho y el servicio al bien común de todos los habitantes del país”. Sin Estado de Derecho no será posible alcanzar un crecimiento económico robusto, ni combatir la pobreza, ni vivir en una democracia funcional.