La Carta Democrática Interamericana (OEA) dispone: “Son elementos esenciales de la democracia representativa (…) la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo (…)”.

Son elecciones justas cuando se rigen por los principios de certeza jurídica e igualdad ante la ley, es decir bajo la premisa de la igualdad de derechos, que es un elemento esencial de la democracia republicana; y, por consiguiente, la competencia electoral debe llevarse a cabo en igualdad de condiciones y sin que existan ventajas para ninguno de los competidores. Por tanto, son elecciones justas aquellas en las que a cada competidor se le reconocen, conceden y garantizan sus derechos políticos de elegir y ser electo, en un plano de certeza e igualdad jurídica.

Resulta fundamental para la celebración de elecciones justas la existencia de una autoridad electoral con independencia funcional y económica, neutral en el juego político-partidista e imparcial cuando ejerce jurisdicción electoral. No puede asumirse como justo un proceso electoral en el cual la autoridad electoral favorece a una o más opciones políticas, castiga a unos y a otros no, o impone sanciones severas y benignas por las mismas infracciones.

La certeza jurídica y la igualdad ante la ley exigen que todos los competidores se rijan por las mismas reglas del juego y que ninguno tenga ventajas o preeminencias sobre los otros. Son elementos clave para una competencia y participación política justa: 1) El control del financiamiento electoral sin privilegios ni discriminaciones; 2) La plena vigencia de la libertad de expresión de ideas y el libre juego de opiniones, y, en general, del principio de máxima publicidad y transparencia; 3) La inscripción de candidatos a cargos de elección popular que cumplan los respectivos requisitos constitucionales y legales, lo que supone, contrario sensu, que la autoridad electoral se abstenga de denegar la inscripción de aspirantes con base en criterios subjetivos, discrecionales o antojadizos; 4) La garantía de que los competidores puedan hacer uso de los medios de comunicación, tradicionales, electrónicos y alternativos, durante la campaña electoral, para difundir sus mensajes y propuestas, sin restricción alguna y en igualdad de condiciones; 5) La denuncia de la demagogia, es decir de la manipulación de las emociones y aspiraciones populares haciendo uso de la falacia y del engaño, extremo que constituye un insoportable abuso de derecho, porque es contrario a la buena fe y a la moral; y 6) La prohibición efectiva de que el oficialismo eche mano de los recursos públicos a su antojo, incluyendo la publicidad oficial, para favorecer a determinados competidores.

Con motivo del proceso electoral que se avecina, me preocupan sobremanera algunas cuestiones puntuales: 1) Que pudiera restringirse la libertad de expresión de ideas y el libre juego de opiniones a través de los medios de comunicación; 2) Que los mensajes y propuestas no puedan ser suficientemente difundidas, debido a limitaciones publicitarias y promocionales, o que el acceso mediático no sea ecuánime; 3) Que las restricciones publicitarias otorguen ventajas a los proyectos políticos que se dieron a conocer en anteriores procesos electorales sobre los nuevos proyectos políticos, que son aún desconocidos por el electorado; 4) Que se impida la inscripción de candidatos con base en percepciones o juicios arbitrarios o subjetivos, y con ello se atente contra el pluralismo político y el derecho ciudadano a elegir; 5) Que se tolere el clientelismo político y la demagogia; y 6) Que no se controle el financiamiento político proveniente del crimen organizado.