Los jueces ejercen para aplicar la justicia, por ello deben ser ciegos sobre quién es la persona que se juzga, su naturaleza, situación social, religión, raza, poder político, económico, etcétera. Primero debe exigir la investigación del supuesto delito, averiguando si se cometió, ya que no debe haber dudas sobre la existencia y naturaleza del mismo.

Aquella sociedad que ve con apatía el prevaricato y el abuso de autoridad de los jueces responsables de que se haga justicia, puede tener la seguridad de que sufrirá terribles consecuencias, al motivar a la sociedad a ser apática e irresponsable.

Un juez debe pensar bien y ser cuidadoso de no otorgar un proteccionismo equivocado a un compañero injusto, pues tarde o temprano vendrá su castigo por la sociedad o por un Dios que detesta el abuso y la injusticia, como ha sido demostrado en la historia. Siendo que uno de los despotismos mayores en que se puede incurrir condenar a la cárcel a una persona sin ser juzgada, peor aún, enviándola a prisión sin límite de tiempo, realizando una falta grave según nuestras leyes, pues un acusado se considera inocente hasta que se compruebe que ha cometido un delito, al hacerlo sin haber tenido una investigación completa con pruebas concluyentes es incurrir en prevaricato.

El dictar órdenes de captura y prisión por acusaciones no claras e inclusive por personas que han sido acusadas de cometer delitos es muy riesgoso. Es delicado utilizar a delincuentes presos, sabiendo que mentirán con tal de disminuir su condena, quitarse alguna demanda o de quien ha ocupado un puesto público donde existe una fuerte sospecha de que hubo fraude.

Puede ocurrir como en el caso de la captura del gabinete del gobierno de Álvaro Colón, cuyos funcionarios sufrieron arresto y prisión acusados de un delito que no les daba algún beneficio personal; la mayoría de ellos con un pasado limpio y un reconocimiento general de ser personas correctas.

Nuestras leyes son claras, al capturar a una persona hay un tiempo estipulado para investigar las denuncias o sospechas, al sobrepasar el mismo se comete el delito de abuso de autoridad que tarde o temprano, cuando haya un gobierno decidido a que se haga justicia, se va a revertir sobre aquellos que abusaron irresponsablemente del poder recibido. El condenar inmediatamente a la cárcel a una persona que fue citada a un juzgado y que se presentó a declarar voluntariamente, sin llevar a cabo el proceso judicial, que incluye tener la investigación de la acusación y permitir preparar la defensa, seguramente llevará en un futuro cercano o lejano a algunos jueces a sufrir las consecuencias, actuando de una manera semejante a la balanza, que oscila de un lado al otro, hasta que se define por el que tiene mayor peso, en este caso a favor de quien tiene la verdad y la razón.

El peso de la ley llegará a los jueces que han actuado inconstitucionalmente, ya sea por haber cometido prevaricato o por un compañerismo equivocado al apoyar a compañeros jueces y fiscales que cometen ese delito porque, apoyar a quienes cometen una falta, es convertirse en cómplice y por lo tanto a sufrir las consecuencias.

El coronel Juan Chiroy Sal y ocho soldados sufren más de seis años de prisión sin ser juzgados y condenados.
Cumpliendo con su deber tuvieron que enfrentarse a una agresiva turba de gran número de personas, siendo presos sin juicio, creando un precedente que tiene como objetivo atemorizar a las autoridades para que no cumplan con su deber.