El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), a instancias del secretario general de esta, Luis Almagro, convocó a una sesión extraordinaria, para abordar la crisis en Nicaragua, para el próximo viernes de 11 de enero de 2019, a las 9:00 horas, a fin de determinar la procedencia de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI).

“Los reiterados asesinatos de opositores, las torturas a detenidos políticos, la falta de una justicia libre e independiente, las continuas violaciones a la libertad de expresión y la asociación, la falta de voluntad del gobierno para el diálogo, están debidamente en los informes del Consejo Permanente. No es necesario repetirlos. Basta mencionar que fueron presentados en la sesión extraordinaria del pasado 27 de diciembre. Por su parte, la Secretaría General ha manifestado repetidamente su buena disposición para asistir a las autoridades en el fortalecimiento democrático de las instituciones, pero, lamentablemente, ese esfuerzo que naciera auspiciosamente en el marco de un diálogo constructivo fue interrumpido unilateralmente por las autoridades nicaragüenses”, expresa Almagro en su requerimiento.

El Artículo 20 de la CDI dispone: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que esta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la OEA, el derecho internacional y las disposiciones de la presente CDI. Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.

Asimismo, el Artículo 21 de la CDI establece: “Cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato. El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la OEA, en particular en materia de derechos humanos. Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la OEA mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado”.

El régimen dictatorial Ortega-Murillo, abanderado del Socialismo del Siglo XXI y miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), ha enviado una carta de 21 páginas a los cancilleres de los Estados Miembros de la OEA, en la que sostiene la improcedencia de activar la CDI contra Nicaragua, en medio de una nueva ola represiva contra opositores y disidentes. No obstante, las evidencias de abusos y violaciones de derechos humanos en su contra son abrumadoras.