Jimmy Morales y sus ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores sufren una grave perturbación. Viven en un mundo de fantasía decorado por asesores y aliados políticos y empresariales, pero sobre todo por la mafia parapetada en los círculos de influencia. Hay que diferenciar entre estos. A los aliados políticos y empresarios legítimos les importa sostener el statu quo pre-2015 o bien un borrón y cuenta nueva; al cabo, que las cosas salgan bien, con orden y sin mayores costos internacionales. Algunos radicales, sin embargo, arengan y vociferan, sin que aparentemente les importen los costos, dado que si el sistema se mueve un centímetro pierden casi todo y se vuelven irrelevantes.

Ahora bien, las mafias incrustadas en el sistema político y de gobierno, el Congreso y algunas administraciones municipales, salivan como perros de Pavlov ante la perspectiva del desorden político, la anarquía e inseguridad jurídica, violencia en las calles y ejecuciones sumarias. Aprendieron en Honduras y Venezuela cómo en el caos crecen exponencialmente sus negocios criminales. Así que el asesinato de algún miembro de la CICIG a manos de algún sicario, les hubiera venido como anillo al dedo. Decretar estado de sitio y encarcelar a un centenar de disidentes, distrae lo suficiente como para que sus rutas queden despejadas y expandan su influencia en el territorio. Mejor aún, que Jimmy Morales suspenda las elecciones. Después de un año de jaloneos, cuando volteemos la mirada los narcos serán dueños y señores del país. Exactamente como ocurrió en Honduras entre junio y diciembre de 2009.

De eso se trata este juego. Confundir, distraer, provocar incertidumbre y llevar al país al borde del abismo: dar un paso hacia atrás e inmediatamente dos hacia adelante, hasta quedar en vilo. Pero en la operación política son chambones, tropa loca. Ponen la carreta por delante de los bueyes. En los últimos cinco días, por ejemplo, desobedecieron órdenes de juez competente y sentencias de la CC y, acto seguido, fueron a “denunciar” a la ONU el Acuerdo de la CICIG. Al violar la Constitución quedaron fuera de juego y la CC tendrá que obligar la renuncia de Morales, Degenhart y Jovel, y el MP conducir el proceso penal derivado. Si alguna defensa política o jurídica tenían con el tema CICIG, por ahora pasa a segundo plano.

Por los plazos, la CC resolvió primero la cuestión de la “denuncia” del Acuerdo, pero deberá volver a lo central, que es el rompimiento flagrante y muy documentado del orden Constitucional. En entonces cuando valen los matices de los aliados que le han dado alas a Jimmy Morales, creándole la ilusión de que tiene al Capitolio de su lado, porque cuatro congresistas lo respaldan, o que el Departamento de Estado lo avala dado que no le enviaron hasta ahora un emisario que le lea la cartilla. Aprovechando las limitaciones políticas de Morales, Degenhart y Jovel, las mafias los animarán a dar el salto al vacío. Si los aliados políticos y empresariales legítimos no se desmarcan de ese acto suicida tendrán que subordinarse durante la próxima década, al menos, a la hegemonía mafiosa. La ciudadanía va a pelear y está peleando en desventaja, arriesgando su propia integridad por la defensa del orden constitucional. El dilema es para las elites que sostienen el statu quo patrimonialista: se suman a la defensa del sistema republicano y democrático, o alimentan el caos, es decir, a las mafias, las misma que más tarde las devorarán.