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Opiniones de hoy

El control Constitucional

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No es cierto entonces que la Corte Constitucional limite o coarte las decisiones del Presidente, cuando lo que hace es corregirlas para que sean congruentes con los preceptos constitucionales.

Una de las condiciones que derivan en la existencia de estados fallidos es el irrespeto al Estado de Derecho y es responsabilidad de todos, procurar su fortalecimiento y evitar el persistente deterioro que se observa de unos años para acá.

Por ello, es una condición irrenunciable en las actuaciones de los funcionarios públicos, el respeto a la Constitución Política y a las leyes que nos rigen; y, para el caso Gobierno-NNUU que ocupa ahora la atención ciudadana, vale la pena resaltar la importancia del respeto a principios, reglas y prácticas internacionales contenidas en “Cartas” tales como la de Creación de Naciones Unidas; o declaraciones tales como la Universal de Derechos Humanos, o múltiples convenios de diversa naturaleza (el de Viena, por ejemplo), o el mismo de creación de la CICIG. Tal condición irrenunciable aplica muy especialmente al Presidente y Vicepresidente de la República y a los diputados quienes ganaron la confianza del pueblo expresada en votos y con ella, la delegación de su poder soberano (Arto. 141 Constitucional-CPR), teniendo siempre presente que “los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la Ley y jamás superiores a ella (Arto.154, CPR); es decir, delegación que debe ejercerse en el marco del respeto al Estado de Derecho y que no constituye un cheque en blanco.

Al respecto, es indudable que corresponde al Presidente “dirigir la política exterior y las relaciones internacionales: celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución.” (Arto. 183, inciso o, CPR) en estricta observancia del Arto. 149, CPR cuyo texto prescribe que ‘“Guatemala normará sus relaciones con otros Estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados.”’ No es cierto entonces que la Corte Constitucional limite o coarte las decisiones del Presidente, cuando lo que hace es corregirlas para que sean congruentes con los preceptos constitucionales.

Algo similar ocurre en la relación entre el Congreso y la Corte Constitucional, pues si bien es irrebatible que la “potestad legislativa corresponde al Congreso” (Arto. 157, CPR) este no puede legislar sin estricta observancia de los preceptos constitucionales, lo que ha sido evidente en los decretos legislativos que debieron corregirse en cumplimiento de resoluciones de la C.C.

Queda claro pues que, cuando la Corte Constitucional resuelve la corrección de una decisión presidencial o la redacción de textos legales emitidos por el Congreso, o decisiones de cualquier otra autoridad, no interfiere en las responsabilidades de estas, sino lo hace en defensa del orden constitucional ejerciendo funciones específicas que le asigna la Constitución y la Ley de la materia (Arto. 268, CPR).

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