Finalmente, a raíz del ingreso al territorio nacional del investigador de la CICIG, Yilen Osorio Zuluaga, el gobierno adoptó la decisión de dar por terminado el Acuerdo sobre la CICIG, alegando graves anomalías e irregularidades imputables a los comisionados Carlos Castresana, Francisco Dall’Anese e Iván Velásquez, y a otros funcionarios y colaboradores de la CICIG, así como la negativa del secretario general de la ONU, António Guterres (que es parte del Acuerdo sobre la CICIG), a dirimir las controversias sobre la interpretación y aplicación de dicho Acuerdo, por la vía de la negociación u otro mecanismo de solución pactado entre las partes, conforme lo dicta el Artículo 12 del Acuerdo sobre la CICIG. El gobierno fundamentó su decisión en la atribución que la Constitución le otorga al Presidente de la República de denunciar los tratados y convenios internacionales, así como en el Artículo 60 (1) de la Convención de Viena