Finalmente, a raíz del ingreso al territorio nacional del investigador de la CICIG, Yilen Osorio Zuluaga, el gobierno adoptó la decisión de dar por terminado el Acuerdo sobre la CICIG, alegando graves anomalías e irregularidades imputables a los comisionados Carlos Castresana, Francisco Dall’Anese e Iván Velásquez, y a otros funcionarios y colaboradores de la CICIG, así como la negativa del secretario general de la ONU, António Guterres (que es parte del Acuerdo sobre la CICIG), a dirimir las controversias sobre la interpretación y aplicación de dicho Acuerdo, por la vía de la negociación u otro mecanismo de solución pactado entre las partes, conforme lo dicta el Artículo 12 del Acuerdo sobre la CICIG.

El gobierno fundamentó su decisión en la atribución que la Constitución le otorga al Presidente de la República de denunciar los tratados y convenios internacionales, así como en el Artículo 60 (1) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que dispone: “Una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un tratado como causa para darlo por terminado o retirarse de él si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción definitivas de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado (…)”.

Quienes adversan la referida decisión presidencial señalan que en el Acuerdo sobre la CICIG solo se admite que la ONU lo dé por terminado cuando: “(a) Si el Estado deja de cooperar plenamente con la CICIG de una manera que obstaculice sus actividades; (b) Si el Estado no adopta las medidas legislativas para erradicar los Aparatos Clandestinos de Seguridad y Cuerpos Ilegales de Seguridad, en el periodo del mandato de la CICIG; y/o (c) Por falta de apoyo financiero de la comunidad internacional”.

Incluso, algunos defensores de la vigencia del Acuerdo sobre la CICIG señalan que este no se rige por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y que siendo un convenio de derechos humanos es superior a la Constitución de Guatemala, conforme lo estipula el Artículo 46 de esta, que dispone: “Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por
Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno”, haciendo caso omiso del Artículo 204 de la Constitución, que dice: “Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado”.

Por su parte, el Secretario General de la ONU rechazó la decisión unilateral del gobierno de dar por terminado el Acuerdo sobre la CICIG y exigió el cumplimiento de este. En todo caso, cabe traer a colación que en una nota de fecha 18 de diciembre de 2018 dirigida a la Canciller de Guatemala, la Secretaría General de la ONU tomó distancia del desempeño de la CICIG al expresar: “Asimismo, aprovechamos para recordar que la CICIG no es un órgano de Naciones Unidas y que funciona de manera independiente”.

Sin duda, esta controversia continuada ha venido erosionando el Estado de Derecho, redundando en un enfrentamiento permanente entre el gobierno y la actual magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), ambos sumamente desgastados, de impredecibles consecuencias para la institucionalidad democrática. Lamentablemente, las intransigencias personalistas de los gobernantes, del Secretario General de la ONU, de los magistrados de la CC y de otros funcionarios y actores políticos siguen imperando, y se anticipa que pasarán a mayores (antejuicios y demás). Por tanto, les hacemos un llamado a la cordura, a la reflexión y a que depongan las posiciones y actitudes endurecidas en aras de la estabilidad y la gobernanza.