Sin dar tregua siquiera por las vacaciones de fin de año, el gobierno de Jimmy Morales inició una ofensiva suicida contra la CICIG y cualquier institución que manifieste su apoyo al ente internacional. Esa ofensiva la hemos vivido en cámara lenta: 1) la decisión de no otorgar visas a 11 funcionarios de CICIG; 2) la denuncia penal de la Procuraduría General de la Nación contra los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que han otorgado amparos en contra de los intereses del Gobierno; 3) la decisión de impedir el ingreso del investigador colombiano Yilen Osorio, en abierta desobediencia de los amparos otorgados por la CC; 4) la renuencia de la Policía Nacional Civil de brindar apoyo al Ministerio Público en el proceso de hacer efectivas las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad; 5) los ataques públicos del Ministro de Gobernación hacia la Fiscal General en una entrevista televisiva