Sin dar tregua siquiera por las vacaciones de fin de año, el gobierno de Jimmy Morales inició una ofensiva suicida contra la CICIG y cualquier institución que manifieste su apoyo al ente internacional.

Esa ofensiva la hemos vivido en cámara lenta: 1) la decisión de no otorgar visas a 11 funcionarios de CICIG; 2) la denuncia penal de la Procuraduría General de la Nación contra los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que han otorgado amparos en contra de los intereses del Gobierno; 3) la decisión de impedir el ingreso del investigador colombiano Yilen Osorio, en abierta desobediencia de los amparos otorgados por la CC; 4) la renuencia de la Policía Nacional Civil de brindar apoyo al Ministerio Público en el proceso de hacer efectivas las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad; 5) los ataques públicos del Ministro de Gobernación hacia la Fiscal General en una entrevista televisiva del domingo 6 de enero.

Pero esto no se queda ahí. Ayer el Ejecutivo denunció –unilateralmente– el Acuerdo de CICIG, y se espera que el Congreso de la República intente derogar el Decreto 35-2007 que da vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Todo ello, mientras se espera si la Corte Suprema de Justicia da trámite a la solicitud de antejuicio de la PGN contra los magistrados constitucionales.

El Ejecutivo intenta acelerar la salida de CICIG del país, al tiempo en que genera un escenario de crisis de ingobernabilidad, por el conflicto abierto entre instituciones del Estado (Ejecutivo y Congreso versus Corte de Constitucionalidad). Esa crisis de ingobernabilidad fácilmente puede desembocar en un escenario de enfrentamiento institucional (si la Policía desacata órdenes judiciales), un escenario de ruptura del orden (por ejemplo, si se intenta disolver la CC). Todos ellos, colocan al país al borde del quiebre.

La pregunta del millón es ¿qué motivó al Gobierno a dar este salto al vacío? ¿Por qué tanta premura en poner cortapisas al trabajo de CICIG?

La respuesta parece llevar al mismo camino: la expectativa que, en semanas siguientes, la fiscalía y la CICIG develen nuevas investigaciones que puedan afectar los intereses de actores de Gobierno y aliados políticos y económicos del Gobierno. Así de sencillo.

Esa desesperación ha provocado que el Gobierno se quite las máscaras. Se ha evidenciado que el “problema” no era Iván Velásquez, sino la CICIG. Se ha evidenciado que el verdadero interés es poner un alto a las investigaciones judiciales. Es decir, toda la actuación del poder político apunta hacia la procuración de impunidad.

Esa desesperación es la única explicación racional de este “salto al vacío” de Morales y compañía.