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Opiniones de hoy

Ruptura con la dictadura de Maduro

opinion

El próximo jueves 10, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, dará inicio formal a un nuevo periodo de funciones gubernativas, basado en que fue reelegido en las elecciones presidenciales celebradas el 20 de mayo de 2018 y denunciadas como fraudulentas por la oposición política venezolana y la Organización de los Estados Americanos (OEA). En todo caso, el primer mandato presidencial de Maduro fue cuestionado debido a que ganó las elecciones presidenciales celebradas el 14 de abril de 2013 con apenas el 50.61 por ciento de los votos, en medio de numerosas denuncias e impugnaciones. Maduro, a la sazón canciller de Venezuela, fue designado por el todavía gobernante Hugo Chávez Frías, antes de fallecer, como su sucesor, por lo que toda la maquinaria clientelar chavista operó en favor del oficialista Maduro.

El Grupo de Lima, integrado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, de cara al inicio, el 10 de enero de 2019, del ilegítimo periodo presidencial del régimen de Maduro (2019-25), en un comunicado conjunto emitido la semana pasada, expresaron, entre otros aspectos, que: “1) Reiteran que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente. En consecuencia, no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019. 2) Ratifican su pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional, elegida legítimamente el 6 de diciembre de 2015, como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela. 3) Instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas. 4) Subrayan la importancia del respeto a la integridad, la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimamente conformado, de acuerdo con la Constitución venezolana, para la plena vigencia del Estado de derecho en ese país. 5) Reafirman su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, resaltando que solo por medio del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país. (…)”.

Asimismo, el Grupo de Lima acordó la adopción de medidas concretas, entre ellas: “(…) A) Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses. B) Según lo permitan sus legislaciones internas, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos. C) Evaluar con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos al régimen de Nicolás Maduro en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte. D) Suspender la cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la transferencia de armas a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia
humanitaria (…)”.

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