Mi postura ha sido clara desde el principio en relación a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); particularmente, la dirigida por el comisionado Iván Velásquez. Sin ella, seguiríamos impávidos e indiferentes ante un Estado cooptado por las mafias y los poderes fácticos que han gobernado Guatemala en total impunidad. Poco ha cambiado, pero al menos desde 2015 los guatemaltecos hemos empezado a armar el rompecabezas –con nombres y apellidos–, de la corrupción y la impunidad con las que nos habíamos acostumbrado a vivir. Como sociedad, habíamos aceptado a la corrupción como algo normal, permitiéndole ser parte de nuestra cotidianidad. Mi postura se mantuvo y aún se mantiene; incluso habiendo sido afectado directamente por el trabajo de la Comisión. Un acto de corrupción es injustificable, y mucho menos son intercambiables los principios y la ética, cuando quien lo comete es un familiar. Darle la espalda a la justicia