Mi postura ha sido clara desde el principio en relación a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); particularmente, la dirigida por el comisionado Iván Velásquez. Sin ella, seguiríamos impávidos e indiferentes ante un Estado cooptado por las mafias y los poderes fácticos que han gobernado Guatemala en total impunidad. Poco ha cambiado, pero al menos desde 2015 los guatemaltecos hemos empezado a armar el rompecabezas –con nombres y apellidos–, de la corrupción y la impunidad con las que nos habíamos acostumbrado a vivir. Como sociedad, habíamos aceptado a la corrupción como algo normal, permitiéndole ser parte de nuestra cotidianidad.

Mi postura se mantuvo y aún se mantiene; incluso habiendo sido afectado directamente por el trabajo de la Comisión. Un acto de corrupción es injustificable, y mucho menos son intercambiables los principios y la ética, cuando quien lo comete es un familiar. Darle la espalda a la justicia cuando se es acorralado por la ley es inmoral y cobarde. El único camino moral es el de afrontar los efectos de nuestras acciones; por difícil que sea. Pero para muchos, la moral y la ética son intercambiables cuando se ven afectados directamente. Estos son quienes viven la vida de manera que para ellos exista justicia y para los demás, la ley. Estos son quienes están dispuestos a llevar a Guatemala al rompimiento constitucional con tal de no asumir las consecuencias de sus actos.

Hablar solo de los aciertos de CICIG sería irresponsable ya que, como a cualquier institución, se le pueden adjudicar varios desaciertos. Con todo y estos, la aceptación de su trabajo por parte del pueblo guatemalteco es mayoritariamente favorable; como de igual manera lo es el rechazo de esta mayoría hacia quienes expresan su repudio a la misma. Es indiscutible que en gran parte, quienes quieren fuera a la CICIG conforman una pequeña pero poderosa minoría; muchos de ellos, de alguna manera, son afectados por su trabajo investigativo. No obstante, hay que dejar claro que no apoyar a la CICIG no es sinónimo de corrupción; aunque muchos corruptos acostumbrados a operar en la impunidad, abierta o solapadamente, estén luchando por sacarla. Es válido no estar de acuerdo con la CICIG y querer que se vaya de Guatemala; lo que no es válido es apoyar el rompimiento constitucional para alcanzar ese objetivo. Aquellos que se suman y motivan el desacato del Ejecutivo, ponen en riesgo sus propias garantías constitucionales, permitiendo que pronto seamos un régimen como los de Venezuela y Nicaragua. El silencio de muchos sectores que predican el respeto al Estado de derecho, la institucionalidad y el orden constitucional deja claro de qué lado están; esperemos que por salvar el pellejo no estén entregándole el país a las mafias.

Lo que está en juego es más grande de lo que pensamos. Ya no es un tema de si CICIG se queda o se va, o si sus funcionarios pueden o no pueden ingresar al país. Lo que está en juego es la Constitución de la República de Guatemala, la cual pende de un hilo que se llama Corte de Constitucionalidad. El presidente Jimmy Morales debe de entender que a esta se le respeta, y ¡punto!