El Artículo 6 del Acuerdo celebrado entre el Gobierno de Guatemala y el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dispone: “Cooperación con la CICIG. 1. El Gobierno de la República proporcionará toda la asistencia necesaria para la realización de las funciones y actividades de la CICIG de conformidad con el ordenamiento jurídico y garantizará, en particular, a sus miembros: (a) Libertad de movimiento sin restricción alguna a través del territorio de Guatemala (…)”.

Asimismo, el Artículo 8 de dicho Acuerdo preceptúa: “Seguridad y protección del personal de CICIG. 1. El Gobierno de Guatemala adoptará todas las medidas eficaces y adecuadas para garantizar la seguridad y protección de las personas a que se hace referencia en el presente Acuerdo (…)”.

Además, el Artículo 10, literales a) y d) del numeral 1, del mencionado Acuerdo dispone: “1. El Comisionado disfrutará de los privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades otorgados a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. En particular, disfrutará: (a) De inviolabilidad personal, con inclusión de inmunidad de arresto o detención; (…) (d) Exención de disposiciones que restrinjan la inmigración y otros registros de extranjeros”.

Por otro lado, cabe advertir que el Estado de Guatemala se adhirió a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados cuyo numeral 26 dispone: “Pacta sunt servanda”. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. El principio “Pacta sunt servanda” supone que “lo pactado obliga a los contratantes”, que se traduce en que toda cláusula convencional debe ser cumplida por los obligados conforme los términos de lo efectivamente pactado.

El Artículo 149 de la Constitución de Guatemala dispone: “De las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados”.

Por tanto, el Estado de Guatemala, respetuoso de su palabra empeñada en el plano internacional, debe acatar y cumplir las cláusulas del Acuerdo de la CICIG durante el plazo de vigencia de este, incluyendo lo relativo a los privilegios conferidos al Comisionado y a los funcionarios extranjeros de dicha Comisión previstos en los citados Artículos 6, 8 y 10 de dicho Acuerdo, independientemente de lo que resuelva la Corte de Constitucionalidad. El incumplimiento del referido Acuerdo puede suponer la imposición de sanciones al Estado de Guatemala en la jurisdicción internacional, así como la deducción de responsabilidades legales contra los funcionarios que dieren lugar al incumplimiento.

En todo caso, seguimos lamentando que el Secretario General de la ONU, António Guterres, y el Gobierno de Guatemala no hayan podido abordar sus diferencias sobre la interpretación y aplicación del Acuerdo de la CICIG a través de la negociación y el arreglo directo, en el marco del Artículo 12 del indicado Acuerdo, quienes más temprano que tarde tendrán que responder, por separado, por el endurecimiento de sus actitudes.